El Estado de la cuestión

«Este episodio no puede terminar con que Puigdemont, después de mirar al soslayo desde la tribuna del Parlament y aplazar temporalmente la independencia, fuese y no hubo nada. No señor. Los tribunales tienen que seguir su curso contra los innumerables delitos cometidos. Ningún Estado puede pasar por alto la felonía de los representantes públicos»

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Miré los muros de la patria mía... pero oí al Rey, contemplé la impresionante manifestación del domingo en Barcelona y presencié la retirada táctica de Puigdemont en el Parlament. Después de quinientos años, y muy a su pesar, esa patria la comparten conmigo Puigdemont, sus conmilitones y asociados políticos.

La esencia de la cuestión catalana es siempre la misma: una parte del pueblo catalán manifiesta un deseo de independencia. Es originariamente un sentimiento romántico, pero cada vez más se manifiesta como decisión política en términos schmitianos puros. España se convierte en el enemigo de Cataluña. Hay un elemento de irracionalidad en el independentismo político no menor del que cabe presumir en el romántico. Por eso la cuestión nunca se resuelve del todo.

No tiene sentido insistir en algo sobre lo que ya se ha escrito todo: Cataluña no puede por sí sola declararse independiente. El Rey lo sintetizó magistralmente en su intervención. Nuestro Estado se asienta en el principio democrático en cuya virtud el pueblo español se dio a sí mismo la Constitución de 1978. Solo el pueblo español en su conjunto, como poder constituyente, puede decidir sobre la soberanía de la nación o de parte de ella. No lo puede hacer, por sí sola, una parte de ese pueblo. No existe orden jurídico o moral, español o internacional que pueda legitimar ni remotamente el derecho de independencia que pretenden los separatistas catalanes.

En la erupción independentista que ahora soportamos se han dado algunos elementos nuevos que merecen ser analizados.En primer lugar ha habido un ejercicio de movilización popular de dimensión desconocida en los casos precedentes. Clave de este proceso ha sido la participación destacada de la ultraizquierda aglutinada por la CUP. No es difícil saber quién ha asumido el papel de tonto útil de quién. El aplazamiento anunciado por Puigdemont agravará la movilización popular.

En esta ocasión se ha añadido un elemento de manipulación política que ha dejado en un segundo plano a las mentiras y a las falacias independentistas tradicionales:

La petición de independencia se ha sustituido por el legítimo derecho a decidir o el democrático derecho a votar, según el día. Ambos verbos, decidir y votar, se conjugan políticamente de forma intransitiva como derechos naturales absolutos. Lo que se decide o se vota es irrelevante. Lo que cuenta, lo democrático es simplemente eso, votar y decidir. Lo que sea. Produce rubor oír cómo se defiende esta martingala burda en las radios y televisiones sin que la superchería se desmonte inmediatamente de modo rotundo.

Mayor elaboración tiene la monserga del referéndum pactado, que es una derivación de la apelación al diálogo o a la mediación internacional como remedio universal de los desmanes cometidos. ¿Qué hay que pactar? ¿Sobre qué hay que dialogar o intermediar?¿ Sobre el color de las papeletas? ¿Sobre el quórum y mayoría necesarios para la validez del referéndum? ¿Sobre los términos del brexit catalán si el voto en el referéndum es positivo? Ningún pacto, ningún diálogo, ninguna mediación habilitarán legalmente una declaración de independencia al margen de la totalidad del pueblo español. Seguiría siendo anticonstitucional.

A la manipulación por el lenguaje se ha añadido la manipulación por la imagen, para denunciar -era inevitable- la brutalidad policial. Los cuerpos del orden del Estado no se han enfrentado a colas de viejecitos pacíficos que iban a votar sino a grupos muy numerosos, controlados por violentos, que trataban de impedirles por la fuerza el cumplimiento de las órdenes judiciales. Frente a esta violencia, la fuerza empleada ha sido la usual en cualquier actuación de la policía en un país democrático. La repetición una y otra vez de la imagen de alguna actuación individual aislada, separada de la escena general, se ha convertido en símbolo fraudulento de la violencia policial.

Y para agravar definitivamente el estado de la cuestión, en lugar de un apoyo leal e indubitado al Gobierno en un momento de tanta gravedad, se persiste en el obsesivo y antidemocrático propósito no ya de descalificar a priori, sino de proscribir, de erradicar por completo de la escena política al jefe del Gobierno cuyo partido tiene la representación parlamentaria mayor. Delendus est Rajoy. Los argumentos de la izquierda de siempre se refuerzan con sangre ¿nueva? de la progresía superviviente de la revolución del 68: equidistancia y buenismo. Pacto y diálogo por encima de la Ley. En cualquier momento, de entre los mediadores internacionales de Puigdemont, surgirá Cohn Bendit y nos recordará que debajo de los adoquines de la plaza de Cataluña está la playa.

La partida no se ha terminado y es de esperar que el Gobierno lo entienda así. En esta erupción nacionalista la reacción del Gobierno no ha tenido la rapidez y la contundencia que en los casos precedentes. Los fusilamientos están lógicamente excluidos ahora, pero durante demasiado tiempo la prudencia se ha convertido, quizás, en mansedumbre. Es consecuencia de la inseguridad que a veces atenaza al Gobierno por la falta de apoyos sólidos en el Parlamento. Pero no es disculpa a partir de ahora. Se optó simplemente por asumir la coordinación de los Mossos con Policía Nacional y Guardia Civil en lugar de tomar su control directo y sus mandos naturales han actuado arteramente complicando considerablemente el problema. No puede volver a ocurrir.

Este episodio no puede terminar con que Puigdemont, después de mirar al soslayo desde la tribuna del Parlament y aplazar temporalmente la independencia, fuese y no hubo nada. No señor. Los tribunales tienen que seguir su curso contra los innumerables delitos cometidos. Ningún Estado puede pasar por alto la felonía de los representantes públicos.

La sociedad catalana y sus líderes y empresarios no pueden correr de nuevo el riesgo de que se les aplique el adagio canónico de que el que calla «consentire videtur», se entenderá que consiente. No cabe más la permanente mayoría silenciosa.

Y lo que es más importante, el Gobierno tiene que poner toda su fuerza en restaurar la presencia del Estado en Cataluña. Desde hoy. Esto no tiene nada que ver con el diálogo sobre las cuestiones que sean susceptibles legalmente de ser pactadas.

Daniel garcía-pita es jurista