Editorial ABC

España no se defiende con palabras

El nacionalismo separatista ya no es un interlocutor político con el que se pueda o deba dialogar, sino una amenaza para España, y como tal debe ser tratado

España no se defiende con palabras
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La mayoría separatista del Parlamento catalán podría aprovechar el Pleno de hoy para introducir la aprobación de la ley del referéndum previsto para el 1 de octubre. La modificación tramposa del reglamento de la Cámara prevé una auténtica emboscada a la oposición, maniatada ante un procedimiento parlamentario fulminante que anula el debate y el sentido mismo de la democracia parlamentaria. Si no es hoy, lo harán cuando más les convenga, sin atenerse a ninguna consideración de legalidad. Este desprecio constante a la ley y a las resoluciones judiciales por parte de los dirigentes separatistas está acreditado desde hace años y es el signo distintivo del denominado "procés". Nadie puede sentirse sorprendido ni engañado por los nacionalistas. Están siguiendo una pauta pública y notoria de agresión al Estado desde el propio Estado. Por eso, las advertencias que les dirige el Gobierno de que sus decisiones serán impugnadas ante el Tribunal Constitucional no surten efectos disuasorios. La respuesta al nacionalismo separatista no es un seminario de derecho administrativo, ni una reacción puramente legalista, sino que exige una acción política y constitucional inédita en su dimensión y en su gravedad. Quienes deben asumirla no deben escatimar sacrificios, ni temer la reacción nacionalista. Es hora de poner punto final a la viciosa práctica de dejar que sean los nacionalistas quienes decidan, con su teoría del victimismo, cómo y cuándo debe reaccionar el Estado.

España no puede seguir viviendo bajo la amenaza constante de división de su unidad, de crispación de su convivencia. El separatismo ha volado los puentes del diálogo porque ha optado por la ruptura de la legalidad constitucional, que es el núcleo vital del Estado democrático. Tras esa ruptura, ejecutada hace mucho tiempo, el Gobierno de la Nación está legitimado para adoptar cualquier medida, por drástica que sea. El nacionalismo separatista ya no es un interlocutor político con el que se pueda o deba dialogar, sino una amenaza para España y como tal debe ser tratado.

También es momento de cambiar los discursos. La reacción al proceso independentista ha encerrado a los grandes partidos en un lenguaje repetitivo y carente de mensajes específicos que animen a la movilización de los catalanes no nacionalistas y hagan temer a los separatistas las consecuencias de su comportamiento. No tiene sentido repetir las mismas advertencias que fracasaron frente al 9-N. Los nacionalistas saben que incumplen la ley y desobedecen a los tribunales. ¿Y qué? Un proceso separatista sólo puede basarse en estas conductas y sus promotores las asumen como parte de su proyecto.

Fiarlo todo a los recursos ante el TC es un riesgo, pues son bien conocidas las reservas de sus magistrados a aplicar las medidas sancionadoras que prevé la ley contra quienes incumplan sus decisiones. Son el Gobierno y las Cortes, particularmente el Senado, quienes deben asumir sus responsabilidades ante el separatismo catalán. Es comprensible que el Gobierno, por un lado, quiera actuar con prudencia y proporcionalidad y, por otro, no anuncie al separatismo cuáles van a ser los medios que utilizará para impedir el referéndum del 1-0. Es comprensible pero con matices, porque si bien no dice qué va a hacer, sí dice qué no va a hacer, por ejemplo, cuando sus portavoces parlamentarios descartan la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Es un error aliviar la presión sobre los separatistas desarmando al Estado de su principal medida de protección. Y si lo que se pretende es crear un consenso fuerte entre los principales partidos políticos, es necesario establecer el plan de actuación, que sólo el Gobierno puede liderar. Así sabremos a qué está dispuesto cada cual frente al desafío secesionista porque lo cierto es que, a día de hoy, los ciudadanos desconocen en qué concretas medidas están de acuerdo el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos para frenar el separatismo. Una unidad política vacía de contenidos precisos no resistirá la presión social e institucional del conflicto que el separatismo va a desatar en cuanto apruebe sus leyes de "desconexión". Prudencia y proporcionalidad también son compatibles con defender activa y militantemente la unidad constitucional de España, empleando todos los instrumentos que ofrece la Constitución, que, por esto mismo, son todos legítimos. No hay que equivocarse con la gravedad extrema de este momento. España se aproxima a una encrucijada histórica en la que se dirime su futuro como Estado constitucional y hay que tener voluntad y determinación para no fallar a los españoles y, especialmente, a los catalanes que quieren seguir siendo españoles.

La respuesta al nacionalismo separatista no es un seminario de derecho administrativo sino que exige una acción política y constitucional inédita en su dimensión y en su gravedad

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