Entre democracia y golpismo

El Gobierno central tiene la obligación -que cumplirá sin duda alguna- de garantizar que los catalanes voten con seguridad, sin coacciones ni intimidaciones en las calles y en los colegios. Un garantía que debe extenderse a la protección de los integrantes de las mesas electorales y de los interventores y apoderados de los partidos no nacionalistas, todos ellos vulnerables al matonismo separatista. Los insultos que ayer recibió Inés Arrimadas mientras paseaba por Barcelona no son una mala anécdota, sino el síntoma de una crispación antidemocrática en el seno del separatismo.

Garantía de seguridad también en el recuento de los votos y en las transmisiones de datos, respondiendo sin contemplaciones ante cualquier intento de injerencia en la labor de los presidentes de mesa. No hay que incurrir en ninguna confianza seráfica, porque el nacionalismo ve las elecciones de hoy como una encrucijada para su supervivencia y puede reaccionar de manera antidemocrática, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones.

El Gobierno está avisado de que, si el nacionalismo pierde las elecciones, se volcará en la opinión pública internacional para deslegitimar el resultado . Esta vez, la maquinaria de comunicación del Ejecutivo no debe llegar tarde a su cita, como ocurrió con el 1-O, para contrarrestar con eficacia los bulos que lanzarán los separatistas. En efecto, hay presos preventivos y querellados fugados, pero todos ellos son posibles responsables de delitos muy graves. Gracias al Estado de Derecho y a la justicia penal, las elecciones de hoy en Cataluña tienen las mejores condiciones de transparencia y legitimidad, porque las ilegalidades están a la vista y denunciadas, y sus autores, señalados. Ni temeroso, ni encogido, el Estado debe acudir a la cita de hoy en Cataluña para asegurar que en la pugna entre democracia y golpismo, ganará la democracia.