Disparate jurídico del secesionismo

Inmersos en un clima de agrietamiento del bloque independentista, la extinta Convergencia, ERC y -con un insospechado protagonismo- la CUP presentaron ayer en público un engendro jurídico llamado «Ley de Autodeterminación de Cataluña», con el que el separatismo pretende dar cobertura a su consulta secesionista. ... La idea es que esta norma sea registrada en el Parlamento catalán para ser aprobada a finales de agosto como base teórica del referéndum anunciado para el 1 de octubre. El disparate jurídico protagonizado por la Generalitat y los anarco-batasunos de la CUP adquiere así tintes surrealistas y tóxicos. Para empezar, los promotores de la norma sostienen que se trata de una «ley suprema» creada para prevalecer sobre cualquier otra que la contradiga, por ejemplo la Constitución. Después recuerdan que incluye un «blindaje» especial para aquellos cargos públicos que sean cómplices de la consulta. Y para concluir añaden que es la «base de un proceso constituyente» para configurar una «república independiente» libre de España. A la Fiscalía y a la Abogacía del Estado no le harán falta muchos y sesudos argumentos para concluir que se trata de una norma claramente ilegal, autoritaria, excluyente e inmoral. Es la absurda regulación de un derecho, el de autodeterminación, que es irreal sencillamente porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque atenta contra multitud de tratados internacionales, y porque carece de legitimidad. Su carácter «supremo» es grotesco, y un hipotético referéndum organizado bajo estas premisas nunca podrá tener carácter vinculante.