TRIBUNA ABIERTA

El dilema de las pensiones

«Cada trabajador no cotiza y aporta para su futura pensión, sino #para los jubilados del momento»

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El desarrollo tecnológico ha transformado drásticamente el mundo en el que vivimos, presentando nuevos desafíos que solo pueden resolverse desde nuevas perspectivas. Las soluciones de hace unas décadas han quedado inservibles en la actualidad. Una de las cuestiones más delicadas y sensibles que debemos abordar adecuadamente es el de la sostenibilidad de las pensiones. Las declaraciones realizadas hace unas semanas por los que ahora tienen responsabilidades en el nuevo Gobierno, con motivo de la aprobación en el Congreso de los presupuestos, vuelve a poner este tema en el candelero.

Lamentablemente, en muchas ocasiones las pensiones se analizan con una visión cortoplacista o electoralista, con grandes dosis de populismo demagógico. En primer lugar, debemos saber que el sistema de pensiones en España se basa en la solidaridad integeneracional, es decir, las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento con la esperanza de que a la hora de su jubilación los que entonces trabajen les paguen sus pensiones. Por tanto, cada trabajador no cotiza y aporta para su futura pensión, sino para los jubilados del momento.

Un análisis objetivo y desapasionado nos señala dos elementos clave que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la viabilidad de las pensiones: el incremento de la esperanza de vida y la bajada de la tasa de natalidad.

En 1960, la esperanza de vida de los españoles era de 69 años, mientras que en la actualidad es de 83 años, lo cual es una positiva noticia apoyada entre otras cosas por el excelente Sistema Nacional de Salud que tenemos en España. Actualmente, España es el segundo país con mayor esperanza de vida de la OCDE, tan solo superado por Japón. En 1964, España tenía una tasa de fertilidad de 3,01 hijos por mujer; en la actualidad esta tasa es de 1,32. Parece claro que tenemos un problema si cada vez menos deben sostener a más durante más tiempo. Una posible solución es la clásica receta socialdemócrata de gastar sin medida y endeudar a las generaciones futuras. Ya lo manifestó, en 1976, la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher: «El socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás».

Considerando que la financiación del estado de bienestar depende, en gran medida, del crecimiento demográfico, la única forma de asegurar la sostenibilidad de las pensiones en una sociedad que envejece es facilitar el relevo generacional. El modo más lógico de cumplir este propósito será mediante la defensa y protección de la familia. Muy acertadamente, Juan Antonio Sagardoy, en la Tercera de ABC del pasado 22 de abril, pide a los gobiernos establecer medidas de orden jurídico, económico y cultural que vayan en esta dirección. Me permito sugerir algunas de estas posibles medidas que protejan a la familia, «célula básica de la sociedad», como señaló en 2015 en Seúl, el Papa Francisco:

El fortalecimiento y promoción de iniciativas de mediación y orientación familiar que favorezcan la estabilidad matrimonial y la protección de los hijos, facilitar la natalidad con medidas como los cheques bebés o ayudas económicas para las guarderías, una legislación que apoye a las familias numerosas y a aquellas con cargas de dependencia, políticas de apoyo a aquellas familias que se hacen cargo del cuidado de sus mayores, la conciliación de la vida laboral y familiar, no obstaculizar las carreras profesionales de las mujeres después de períodos de baja por maternidad, favorecer excedencias o reducciones de la jornada laboral por cuidado de la familia, el fomento del teletrabajo en los casos que sea posible y el establecimiento de horarios flexibles para empleados con hijos pequeños o con mayores a su cargo.

Asimismo, se necesita una legislación que favorezca la contratación de trabajadores que abandonaron su empleo para atender a la familia. Se debe facilitar el relevo generacional en las empresas familiares, reduciendo obstáculos y trabas administrativas y, en la medida de lo posible, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. Igualmente, también se debe facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna e incentivar fiscalmente el ahorro.

Dada la gravedad de la situación, sería recomendable no legislar con medidas aisladas, sino sacar adelante una ley de Familia que incorpore estas medidas y que cuente con el apoyo de los principales partidos políticos, para que en este terreno no entren las estériles disputas partidistas.

No debemos permitir que nuestros mayores pasen por situaciones de incertidumbre o angustia, pensando que les han quitado lo que es suyo. El mejor modo de evitar que nuestros nietos escuchen estos lamentos es apoyar y proteger a la familia, única institución a la que pertenecemos durante toda nuestra vida.

IGNACIO DANVILA DEL VALLE es profesor de la universidad complutense