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Corrupción automática Gabriel Albiac

Ni compradores ni comprados pondrán fin a eso. Sólo un poder judicial cuya independencia la ley blinde

¿Hay algo en el sistema institucional español que no esté corrompido? Con seguridad, muy poco. La corrupción no es una anomalía del poder. Es uno de sus constituyentes materiales. La formidable máquina de dominio que es el Estado moderno posee los dispositivos necesarios para doblegar en beneficio de sus agentes cualquier norma y cualquier resistencia.

La división, autonomía y contrapeso de los poderes fue ideada para que los engranajes mismos de tal Estado se encargaran de ponerse mutuos frenos entre sí. Montesquieu lo encierra en un axioma brillante: «Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder».

Algo falló en la configuración de la democracia española. No era extraño, viniendo de una larga dictadura. Bastante fue que España acabase por entrar en una razonable normalidad europea. Pero algo falló. Y sigue fallando. Falló eso que Montesquieu cifra en la escueta fórmula «por la disposición de las cosas». La corrección del abuso de poder no puede ser dejada al buen criterio de un individuo o de un grupo de individuos, que son parte del mismo poder cuya necrosis se les encomienda vigilar. El contrapeso de poderes, que Montesquieu busca diseñar, sólo será eficiente si es un puro automatismo de la máquina a la cual llamamos Estado. Y ese automatismo exige que aquellos sobre quienes recae la facultad de aplicar las leyes sean herméticamente independientes de legisladores y de gobernantes. De no suceder así, la función judicial será una delegación del poder político. Y el poder político quedará blindado en la impunidad de quien se sabe señor de los hombres que habrían de juzgarlo.

Todo en España empezó a descomponerse el 1 de julio de 1985, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial puso en manos del Parlamento la completa designación del órgano de gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial no es, por supuesto, un órgano jurisdiccional. Pero tiene en sus manos la carrera -o la no carrera- de cada uno de los magistrados españoles. Quien nombra manda: es una ley universal de la materia. Y desde aquel infausto 1985, los grandes partidos (y, a su escala específica, los pequeños) se supieron a salvo de rendir cuentas. Un Estado se corrompe cuando no hay nada que le impida corromperse. Porque, como Aristóteles enseñó con maestría absoluta, la corrupción es la determinación definitoria de la naturaleza viva. Vida es la peculiaridad de los cuerpos que se pudren. Antes de resolverse en muerte.

¿Hay algo en el sistema institucional español que no haya llegado ya a la línea sin retorno a partir de la cual la podredumbre desemboca en extinción? El balance del escombro que se va amontonando ante nosotros deja poco lugar al optimismo. En Cataluña y Andalucía, en el País Vasco o Valencia, ayer en Madrid, un paisaje de desolación se extiende más allá de los políticos, a los cuales todos hemos juzgado siempre, en distintos grados, gentes poco fiables.

Pero la corrupción del Estado tiene eso: que pudre a la sociedad entera. Sin apenas excepciones. Para que un político -o un partido- se embolse dinero negro se requiere que un poseedor de dinero negro invierta su peculio en los tales político o partido, a la espera de obtener la justa contrapartida que le devuelva incrementada su inversión. Ni compradores ni comprados pondrán fin a eso. Sólo los jueces. Sólo un poder judicial cuya independencia la ley blinde. Mas, ¿qué ley hay en España que garantice hoy eso?

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