Ramón Pérez Maura

El comunista español que manda en Colombia

Juega en la destrucción de Colombia un papel más relevante que Monedero en Venezuela

Ramón Pérez-Maura
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Seguramente ustedes no habrán oído hablar nunca de Enrique Santiago. Es comprensible. Según su entrada en la Wikipedia, a día de ayer, «Enrique Santiago (Madrid, 1964) es un político y abogado español. Fue hasta noviembre de 2006 secretario general de la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), sustituido por Amaya Valcárcel. Actualmente es secretario de Refundación y Movimientos Sociales de IU. Procedente de los CJC (organización juvenil del PCPE), actualmente es militante del Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (IU). Fue secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) entre 1990 y 1992. Fue miembro del equipo jurídico que en representación de Izquierda Unida formó parte de la acusación popular contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. Representó a la delegación de ONGs y organizaciones sociales que participaron como observadores en el referéndum presidencial en Venezuela en agosto de 2004». Con un currículo así, es normal que usted nunca haya oído nombrarle ni falta que le haría. Pero este Enrique Santiago juega hoy en la destrucción de Colombia un papel mucho más relevante que el que desempeñó Juan Carlos Monedero en la Venezuela de Hugo Chávez.

En este «maravilloso» acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano, que tanto jalean algunos medios de comunicación occidentales, Santiago ha sido el negociador principal de los términos jurídicos del acuerdo de paz de La Habana en nombre de la guerrilla de las FARC. Él ha ideado -y Santos aceptado- la creación de una Comisión de la Verdad con miembros nombrados por el Gobierno y las FARC, lo que equivale a «la suplantación de la justicia por un seudotribunal» en autorizada opinión del abogado Camilo Gómez Alzate, el hombre que se pasó tres años negociando con Tirofijo y sus FARC y vio fracasar el proceso porque la dignidad de Colombia estaba por encima del triunfo de ningún ego. Porque el acuerdo de La Habana que le ha dado el comunista español al pueblo colombiano equivale a que con esta nueva «justicia transicional» -y el término ya tiene delito- Colombia entrará en una fase en la que la Corte Suprema de Justicia podría juzgar al presidente y expresidentes de la República, pero ¡no podría juzgar a un guerrillero de las FARC!

El jefe de los negociadores colombianos, el exvicepresidente Humberto de la Calle, ha dicho que este acuerdo da luz a un nuevo país. Qué bonito. Casi se me saltan las lágrimas como ciudadano colombiano que tengo el orgullo de ser. Hay un matiz relevante que acalla gravemente mi entusiasmo. Según el presidente Juan Manuel Santos, a las FARC les quedaban 8.000 efectivos en el campo de batalla. Eso frente a una población de casi 50 millones. ¿Y esos ocho mil han impuesto sus condiciones frente al resto de los colombianos y cree Santos que hay algo que celebrar?

La mayor infamia de Santos y el comunista madrileño es la perversa vía que han seguido para imponer su refundación política de Colombia. En Colombia, una reforma constitucional requiere una votación del 50 por ciento más uno del censo. Lo que debe rondar uno 18 millones de colombianos. Pero, pásmense, Santos y el comunista Santiago han acordado que este referendo sea válido con una participación del ¡13 por ciento!, menos de cinco millones. Y con ese censo se haría en la práctica una reforma constitucional (con otro nombre) que para ser enmendada en el futuro requeriría... El 50 por ciento más uno del censo.

Juan Manuel Santos quería pasar al panteón de la gloria de la mano de Enrique Santiago. Pero va a quedar ante la Historia en el mismo lugar que Hugo Chávez con Juan Carlos Monedero en Venezuela: en la ignominia a su patria.

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