El tesorero de la ANC, Marcel Padrós, tras pagar la fianza de los seis exconsellers en prisión preventiva
El tesorero de la ANC, Marcel Padrós, tras pagar la fianza de los seis exconsellers en prisión preventiva - EFE
EDITORIAL ABC

Un auto equilibrado y justo

Al menos la Justicia española sí ha respondido, y lo ha hecho sin condicionamientos políticos de opinión pública o de campaña electoral

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Si uno de los preceptos del Derecho es dar a cada uno lo suyo, el magistrado Llarena lo ha aplicado a los dirigentes independentistas catalanes con un auto sólido y convincente, que mantiene en prisión provisional a Oriol Junqueras, ex vicepresidente del Gobierno catalán sedicioso; a Joaquim Forn, exconsejero de Interior y máximo responsable de los Mossos d’Esquadra, y a «los Jordis», Sànchez y Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Los demás querellados han salido en libertad provisional con 100.000 euros de fianza cada uno. Contrasta la claridad y diligencia de Llarena con la indolencia de su colega belga, que vuelve a dilatar el procedimiento sobre la euroorden contra Carles Puigdemont y el resto de prófugos hasta el 14 de este mes, regalando al expresidente la campaña de «exiliado» que tanto deseaba.

Al menos la Justicia española sí ha respondido y lo ha hecho sin condicionamientos políticos de opinión pública o de campaña electoral. La decisión del magistrado Llarena está motivada en un pormenorizado y garantista análisis de los riesgos que conllevaba la excarcelación de los querellados. Su conclusión no puede ser más rotunda: Junqueras, Forn y «los Jordis» siguen en prisión porque sus aportaciones al proceso separatista «están directamente vinculadas a una explosión violenta». Lo determinante del auto judicial es que estos cuatro investigados siguen presentando un alto riesgo de reiteración delictiva -no de fuga, ni de destrucción de pruebas-, cuyo antecedente principal, pero no único, fue el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía. Ese riesgo permanece activo y no se diluye por los acatamientos estériles y tácticos al artículo 155 de la Constitución o a la vía pactada con el Estado. El auto desmonta el mito de la «revolución de las sonrisas», porque hubo violencia, intimidación y coacciones. Tiene razón Llarena: el riesgo de violencia no ha desaparecido y los cuatro responsables encarcelados aún mantienen capacidad para organizar nuevos actos de movilización social contra la seguridad y el orden público.

En el plano político, la reacción del PSC, a través de su máximo dirigente, Miquel Iceta, contra el auto del magistrado Llarena marca la tendencia que tendrá este partido en el futuro. Iceta ha calificado la decisión como una «mala noticia», asumiendo una crítica contra la decisión judicial totalmente inoportuna en boca de un partido con aspiraciones de gobierno, tanto en Cataluña como en el resto de España. En esa crítica coincide Iceta con los «comunes» y los independentistas, y así es difícil que los socialistas puedan encarnar una opción de cambio en Cataluña. Más bien parece una apuesta por allanar el terreno a un acuerdo de izquierdas, cuyo elemento vertebrador vuelva a ser la crítica al Estado y al orden constitucional, como en 2003 con el «Pacto del Tinell».