Un recibo del agua único en toda España

Así, la cuota fija del servicio varía de un lugar a otro; en un sitio se trata de un servicio integral y en otra solo cobran la distribución y la depuración pero el alcantarillado está en una tasa aparte que cobra el ayuntamiento en cuestión con el IBI o con la basura, por ejemplo; en otro, los bloques de consumo para las tarifas progresivas son diferentes... «En fin, toda una serie de particularidades que hacen que un ciudadano entienda con dificultad cómo es el recibo del agua, que ya bastante complejo es por la propia circunstancia de que no solo es el suministro lo que se paga sino también la depuración», explica Morcillo.

Medio Ambiente trabaja en un anteproyecto relativo al ciclo integral del agua de uso urbanoDesde hace tiempo, desde la AEAS se viene reclamando un marco para armonizar la tarifa con unos rangos máximos y mínimos en todo el territorio. Una demanda que se ha intensificado desde que en febrero pasado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , Miguel Arias Cañete, anunciara que su departamento trabaja en un anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua de uso urbano. Esta armonización se hace cada vez más necesaria, toda vez que desde hace dos años han surgido nuevas normas autonómicas que recogen cánones sobre el agua encareciendo el precio del recurso. «Debería estar muy claro cuáles son los servicios y cuáles los impuestos, porque si no es meterse en un galimatías que no entiende nadie», dice Fernando Morcillo.

Las comunidades que han establecido estos cánones son Andalucía, Cataluña y Extremadura, y estas tasas han supuesto un aumento del precio del agua del 8,39%, 8,85% y 19,06%, respectivamente. Galicia y Castilla-La Mancha también tienen algunas tasas adicionales, pero sin mucha incidencia en el precio final, según los expertos. La justificación para estos cánones estaría en lo que dice la Directiva del Agua en cuanto a la recuperación de costes de todo el ciclo del agua, pero desde AEAS explican que aunque la tarifa actual no refleje todo el coste, los españoles sí pagamos el precio real del agua, al contrario de lo que suele decirse, pues lo que no entra en la tarifa lo hacemos a través de impuestos. «Ya lo pagamos, si no cómo íbamos a sostener el sistema, pero lo pagamos con poca transparencia», afirma José Luis González Vallvé, director general de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA) .

Los españoles sí pagamos lo que cuesta el agua, a través de la tarifa o de impuestosLo que dice la Directiva Marco del Agua es que hay que ir a una recuperación estricta de los costes y, además, es recomendable, que esto se vea en el recibo porque es una buena manera de concienciar de lo que cuesta el recurso. Esto es, lo que hay que hacer es transferir a la tarifa costes que hoy se subvencionan por otro lado, pero eliminando entonces los impuestos generales que gravan el agua. El temor está en que «en la confusión, me incorporen los costes por una parte pero no me los bajen por la otra», explica muy gráficamente Morcillo. Para Roque Gistau, presidente de AEAS, para que la tarifa reflejara los costes habría que ajustarla del orden de un 40%, sin contar las inversiones futuras sobre todo en depuración. Pero para eso habría que eliminar también todos aquellos impuestos y cánones que están gravando en estos momentos el agua.

Además, en estos cánones autonómicos no se explica si el dinero recaudado irá destinado a mejoras en el abastecimiento y saneamiento de este recurso. González Vallvé cuenta que «históricamente ha habido cánones de saneamiento para hacer depuradoras pero los que han surgido en los dos últimos años gravan el recurso agua como un elemento medioambiental y no acabamos de ver la aplicación finalista, porque no se explica en la propia figura impositiva. Y nos da miedo que pueda ocurrir algo parecido a lo que ha pasado con el desastre de la tarifa eléctrica, que hoy en día se paga más por cosas que no son necesarias para producir el kilovatio que por producirlo. Eso no nos gustaría, y pensamos que con la tarifa eléctrica ya hemos tenido suficiente escarmiento para que no ocurra lo mismo con otros servicios públicos».

Desde el sector tienen la vista puesta en la reforma fiscal anunciada por el Gobierno para ver «si se organiza la capacidad normativa en cuanto a impuestos para que cada comunidad autónoma no se pueda inventar un canon, como de hecho está ocurriendo, que lo llaman canon del agua y luego se lo gastan en otras cosas», afirma rotundo González-Vallvé. Es más -explica-, si esta transferencia a la tarifa de los costes que hoy se subvencionan vía impuestos generales se hiciera bien y no se cargaran al recibo algunos de estos cánones autonómicos, a lo mejor hasta podía haber un ahorro para el ciudadano». Solo en aquellos casos donde la depuración no esté completada, sobre todo en los municipios más pequeños, podría suponer un encarecimiento, aunque también podría compensarse si desaparecen esos cánones de «dudosa transparencia».

Si se hace así «va a ser más visible lo que se paga por el agua», explica Fernando Morcillo. «Esto está en la línea de lo que se está haciendo en Europa -añade- donde poco a poco el ciudadano es consciente del valor del agua y quiere que el precio se vaya aproximando a ese valor, es decir, yo quiero pagar el agua en el agua, y nada más que el agua, no quiero pagar otra cosa, ni cultura, ni otros impuestos ni nada, porque es un elemento vital, un bien básico».

Aunque desde el Ministerio de Medio Ambiente no confirman ni desmienten que se vayan a introducir estos rangos máximos y mínimos en la tarifa, desde la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), su director general, José Luis González Vallvé, explica que el documento que el Ministerio les ha pasado a consulta «no habla de un regulador en el sentido estricto, pero sí de lo que en inglés se conoce como benchmarking, lo que supondría cierta uniformización y transparencia de tarifas en toda España».

En España, los servicios urbanos de agua son de competencia municipal, así que cada municipio fija el precio del agua que le parece más adecuado, pero se trataría de uniformizar los criterios y los conceptos de la tarifa para que hubiera un recibo único en toda España, pero en cuanto a conceptos y estructura y no tanto en cuanto a precio. Para Morcillo, hay cuatro elementos que deberían ser comunes: cuota de servicio donde se cobraría por el agua en alta; distribución, alcantarillado y depuración. «Lo ideal sería es que esos cuatro elementos estén muy claros», dice Morcillo.

Una familia gasta el 0,78% de su presupuesto anual en el recibo del aguaEn la actualidad, según los últimos datos de AEAS y AGA, el precio medio del agua para uso doméstico es de 1,59 euros el metro cúbico, del que 0,92 euros corresponde al servicio de abastecimiento y 0,67 euros al saneamiento (alcantarillado y depuración de aguas residuales), sin incluir IVA. Según el Instituto Nacional de Estadística , una familia española gasta de media el 0,78% de su presupuesto anual en el recibo del agua, mientras que su gasto en teléfono o electricidad le supone casi el 3%. En cuanto al esfuerzo, el que que hace una familia española para pagar el agua es el 63% del que hace la media europea, según el Colegio de Economistas de Madrid . Según Vallvé, el esfuerzo tiene en cuenta la renta, la capacidad de pago, y es el segundo más bajo de Europa.

La reforma que prepara el departamento que dirige Arias Cañete tiene otros elementos importantes, que afectarían a la depuración, precisamente la asignatura pendiente del agua en España, según coinciden los expertos. Según Fernando Morcillo, «el Ministerio nos ha trasladado que quiere fomentar la incorporación de la participación público-privada. Dar entrada a dinero privado es la única forma que nos permitiría desarrollar las obras a mayor velocidad de lo que en estos momentos permiten los Presupuestos Generales del Estado».

En este sentido, es importante que la reforma permita poner en marcha las llamadas «unidades eficientes», esto es, unificar en unidades de gestión relativamente grandes a los municipios menores de 20.000 habitantes -aunque desde las empresas se pide que se aumente este límite-. Se trata de hacer sistemas lo más eficientes posibles y de que haya economías de escala», dice Morcillo. Según González-Vallvé, «hay que tener en cuenta que una depuradora es una instalación costosa y difícil de mantener, y los pequeños municipios no tienen capacidad ni técnica ni económica para hacer eso. Entonces hay que agrupar municipios para atender la depuración».