La UE veta la madera ilegal en sus Veintisiete Estados miembros

La nueva legislación se aplicará tanto a los productos madereros importados como a los producidos en la Unión Europea. Y cubrirá una amplia gama de ellos, desde el papel a la pulpa, pasando por la madera sólida y de solería.

El operador o empresa responsable de introducir en primer lugar un producto maderero en el mercado europeo tendrá que aplicar el principio de «diligencia debida», evaluando las posibilidades de que se estén introduciendo madera o productos madereros ilegales en función de la documentación a la que deberán tener acceso, como los datos que describan la madera y los productos, el país de origen , la información sobre el cumplimiento de la normativa nacional, así como aquella referida a cantidades y detalles del proveedor.

Cuando el análisis anterior evidencie que existe «un riesgo de madera ilegal en la cadena de suministro», éste deberá mitigarse «requiriendo información adicional » o a través de la «verificación del proveedor».

Los operadores que adquieran o vendan madera ya disponible en el mercado deberán, por su parte, mantener registros «adecuados» para garantizar la «fácil» trazabilidad de la madera o los productos madereros que comercializan.

La UE ha firmado acuerdos de cooperación con Camerún, República Centroafricana, Congo, Liberia, Ghana e Indonesia , seis de los principales productores a nivel mundial, para combatir el problema de la madera ilegal.

La madera o los productos madereros con la licencia válida FLEGT o el permiso Cites cumplen los requisitos de la normativa comunitaria.

Las nuevas normas buscan, por un lado, reducir el riesgo de comercializar madera ilegal en los Veintisiete Estados miembros y contribuir a atajar el problema a nivel mundial.

La tala ilegal de madera tiene con frecuencia un impacto «severo» en términos económicos, ambientales y sociales para las naciones productoras, entre otras razones porque contribuye a la deforestación y al aumento de emisiones de CO2. Además, supone un negativo impacto sobre los medios de vida de las poblaciones locales (al margen de su contribución a potenciales conflictos por el control de recursos y espacios).