Mientras rodaba la bola de la final del Mundial en el Maracaná, la policía brasileña reprimía una protesta en la plaza Saens Peña, Zona Norte de Río de Janeiro, en las cercanías del estadio, donde cercó a 300 manifestantes. Por lo menos cinco personas fueron presas y siete quedaron heridos, entre ellos un corresponsal peruano y un fotógrafo del portal Terra.
«Es triste ver a la policía reprimiendo a comunicadores, que son observadores, nada más. Usan la violencia como primera herramienta», dijo al portal Terra, el fotógrafo peruano Boris Mercado, que estaba trabajando en la cobertura del Mundial. El fotógrafo de Terra Brasil, Mauro Pimentel, también informó que fue agredido por la policía, y que por lo menos otros diez periodistas fueron golpeados mientras trabajaban.
Los manifestantes protestaban contra el Mundial y contra la prisión preventiva de 19 activistas realizada el sábado. «Hey! Policía, libertad ya. Luchar no es crimen», gritaban los manifestantes en referencia a los presos del sábado.
Según el diario O Estado de São Paulo, la policía agredió decenas de personas con porras y patadas. La policía bloqueó todas las entradas a la plaza para evitar que el grupo llegue al Maracaná. Los policías provocaron tumulto al lanzar bombas lacrimógenas contra los manifestantes.
El sábado, víspera de la final, la policía detuvo en sus casas a 19 activistas, acusados de tener conexiones con manifestaciones marcadas para este domingo. La acción preventiva fue duramente criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los grupos Amnistía Internacional (AI), Justicia Global, y la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), cuestionaron las prisiones por considerarlas una intimidación a las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión. Junto con los 19 activistas, que fueron presos por orden judicial, la policía detuvo a otras 16 personas que estaban con los sospechosos, para averiguaciones.
Según Amnistía, las prisiones de manifestantes son «preocupantes por parecer repetir un modelo de intimidación que ya había sido identificado por la organización antes del inicio del Mundial». La organización pidió a las autoridades de Río de Janeiro que garanticen el derecho de reunión y manifestación pacífica y paren de «intimidar a los manifestantes». «Nadie debe ser detenido o preso apenas por participar de una manifestación y ejercer ese derecho», declaró la entidad, que clasificó la acción como un «riesgo para la democracia».
