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Fuertes críticas a la prensa, la policía y la clase política tras el «escándalo Murdoch»

Día 29/11/2012 - 08.42h
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El juez Leveson hace públicas este jueves, tras ocho meses de investigación, sus recomendaciones para evitar nuevos casos de espionaje y excesos, en medio de una gran división política

El primer ministro, David Cameron, pasó la tarde del miércoles leyendo una copia anticipada del informe de cientos de páginas en las que el juez Brian Leveson expone sus conclusiones sobre todo lo que falló en la prensa, la policía y la política a la luz del llamado «escándalo de las escuchas». Tras ocho meses de intensos interrogatorios en un tribunal londinense, el magistrado hará públicas hoy a las 14:30 (hora peninsular) sus recomendaciones para una mejor regulación de la prensa. Y la clase política británica deberá dará su respuesta en un debate en el parlamento inmediatamente después, a las 16:00 (hora peninsular).

El esperado «informe Leveson» llega en un clima de fuerte división dentro del parlamento, del gobierno, de los partidos y de la propia industria periodística sobre cuál es el mecanismo más adecuado para evitar excesos como los mostrados por la investigación del espionaje y escuchas a miles de personas por varios periódicos [aquí puedes ver las fechas clave del escándalo].

Fue una práctica recurrente en «News of the World», el tabloide clausurado por el grupo Murdoch –dos ex directores, Andy Coulson, ex jefe de prensa de Cameron, y Rebekah Brooks, amiga del primer ministro, serán imputados por «pagos corruptos» a policías–, pero que se extendió a muchos otros diarios y tabloides ingleses.

El juez Leveson ha escuchado en estos meses a numerosas «celebrities» víctimas de las escuchas, como Sienna Miller o Hugh Grant, a los principales líderes políticos –sin excluir al propio Cameron, que no tuvo ante el magistrado su tarde más agraciada– y a los responsables de los principales medios británicos, desde el escurridizo director del «Daily Mail», Paul Dacre, al mismísimo Rupert Murdoch. En sus conclusiones, según la intensa rumorología desatada en las horas anteriores a la publicación del informe, Leveson podría incluir fuertes críticas «al comportamiento de la prensa, los políticos y la policía», según adelantaba este miércoles Nick Robinson, corresponsal político de la BBC.

Intercambio de cartas al director

Pero la cuestión de la reforma del mecanismo de regulación de la prensa británica ha derivado en una fuerte polémica a nivel nacional entre los defensores de un sistema «fuerte» que emane de una ley, y quienes creen que basta con reforzar los actuales mecanismos de autorregulación de la propia industria.

En la patria del liberalismo político, la posibilidad de que el parlamento pueda llegar a legislar sobre las actividades de la prensa –la investigación se limitaba a los periódicos y excluía las televisiones, aunque hay dudas de si Leveson incluirá la prensa digital– ha llevado a 86 políticos de todos los partidos a publicar una carta advirtiendo de los riesgos que implica.

Publicada en «The Guardian» y en el «Daily Telegraph», 76 diputados y lores conservadores y un puñado de políticos laboristas y liberales advierten que «ninguna forma de regulación legal de la prensa sería posible sin la imposición de licencias estatales, abolidas en Gran Bretaña en 1695».

Exigir licencias para poder informar «es contraria a cualquier noción de libertad de prensa y alteraría radicalmente el equilibrio de nuestra constitución no escrita», aseguran. La carta está firmada por influyentes conservadores como Liam Fox, ex ministro de Defensa, Lord Howell, suegro del canciller George Osborne, o John Whittingdale, presidente de la comisión de Cultura y Medios de Los Comunes. El problema para Cameron es que varios miembros de su gobierno, como el titular de Educación, Michael Gove, han expresado públicamente su oposición a una regulación estatal de la prensa.

En el otro lado del debate figura la carta firmada por otros 42 diputados, también de todos los partidos, defensores de la tesis contraria: una regulación por ley de las actividades de la prensa, tal y como demandan varias víctimas de las escuchas. "Lo que pedimos es poner fin a que los periódicos puedan regularse a sí mismos, que corrijan sus propios deberes", aseguró ayer el actor Hugh Grant, una de las voces más activas en el colectivo de afectados HackedOff ("espiados"). Esta postura cuenta con el apoyo del viceprimer ministro, el liberal Nick Clegg, que podría realizar esta tarde su propia declaración sobre el informe Leveson, acto seguido de la de Cameron y, por primera vez desde la creación del gobierno de coalición en 2010, en sentido contrario.

Organismo autorregulador pero con más poderes

Cameron es contrario en principio a la regulación por ley, aunque ayer intentó mostrarse en Los Comunes todo lo contundente que pudo. Insistió en que el status quo es "inaceptable y debe cambiar". Lo importante, dijo, es dar con "un sistema regulatorio independiente que sea eficaz y que tenga la confianza del público". Según una encuesta publicada esta semana por "The Guardian", el 79% de los encuestados defiende una regulación por ley, reflejo quizás de la pérdida de credibilidad que el escándalo ha infligido a la prensa británica.

Existe un fuerte consenso en torno al fracaso del actual organismo regulador, la Comisión de Quejas de la Prensa -de adhesión voluntaria para las empresas del sector-. Algunas voces en la propia industria periodística, como Guy Black, ejecutivo del "Grupo Telegraph", o el director de "The Guardian", Alan Rusbridger, han puesto sobre la mesa diferentes versiones de un nuevo órgano de autorregulación para la prensa reforzado con poderes de investigación reales y la capacidad de imponer multas de hasta un millón de libras. Algunos diputados hablan, por su parte, de un mecanismo de regulación propia de la industria pero afianzado con la obligación legal de darse de alta en el nuevo órgano.

Leveson ha mantenido el misterio hasta el final, aunque el miércoles por la noche algunos medios apuntaban a que propondría un mecanismo con base legal, y no solo autorregulado. Cameron no tiene obligación legal de aceptar sus recomendaciones, aunque se ha mostrado en todo momento receptivo y "abierto" a sus sugerencias. Pero se le considera moral y políticamente vinculado a lo que proponga el juez, puesto que fue el propio "premier" quien ordenó la constitución de la comisión de investigación en cuanto estalló el escándalo, en julio de 2011.

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