Parla suspenderá su servicio externalizado de radares y revisará las multas

El consistorio estudiará así las más de 12.000 multas que han sido interpuestas para determinar si resultan «abusivas». No obstante, durante el pleno, no se explicó la forma en la que se va a realizar este proceso ni cómo se devolvería el dinero en ese caso. El concejal de Seguridad, José Luis Isabel (PSOE), reconoció que los radares no han servido para «lo que se pusieron» -la seguridad vial- y que la empresa «no ha cumplido ese objetivo». Asimismo, anunció que el Ejecutivo local tiene previsto celebrar una junta de Gobierno «lo antes posible» para rescindir el contrato, firmado para cuatro años.

Previamente, el Partido Popular de Parla -que pidió ayer la dimisión del concejal de Seguridad- había presentado una moción para anular el sistema privatizado de multas. Una petición en la que se solicitaba al Gobierno local de Beatriz Arceredillo (PSOE) colocar elementos disuasorios que alertaran de la presencia de los radares y que fue complementada por UPyD e IU. Ambos partidos añadieron la enmienda de «rescindir el contrato con la empresa privada».

No obstante, el grupo socialista -enfrentado con su propia alcaldesa- ya había manifestado por la mañana su intención de promover esa medida. «Procede una suspensión cautelar del contrato debido a que podría haber algunos incumplimientos, pues aún no se ha elaborado un plan de movilidad y no se ha cumplido el objetivo, que no era recaudar», aseguró el portavoz del grupo municipal socialista y candidato del PSOE en Parla, Pablo Sánchez.

«El PSOE de Parla, con su alcaldesa a la cabeza, ha reconocido que llevan meses abusando del bolsillo de los parleños con los radares que este mismo PSOE se empeñó en imponer», aseguró Miguel Ángel López, portavoz del grupo popular en el consistorio parleño. La alcaldesa socialista lleva semanas asegurando que no tiene «ninguna culpa» de las multas masivas. Sin embargo, desde la oposición denuncian que ella y el resto de concejales socialistas no apoyaron la moción presentada por la oposición en pleno -PP, IU y UPyD-, hace un año, exigiendo que no se privatizara la gestión de las multas.

«Ahora, después de meses machacando a multas a los vecinos, pegan el cambiazo y se suman al resto de grupos que llevamos un año denunciando este abuso. No se puede tener más cara que este PSOE, porque solo han rectificado cuando la oposición, los medios y los propios vecinos han puesto el grito en el cielo», manifestó el portavoz popular.

La empresa privada que gestiona este servicio desde el verano pasado ha puesto una media de 225 multas al día. Recaudó cerca de 2 millones de euros por multas de velocidad. Una cifra de la que el Consistorio solo percibe el 20%, por lo que la empresa gestora habría obtenido, sólo entre octubre y noviembre, 1,6 millones de euros.