Denuncian la mala climatización de los juzgados de Madrid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector de Justicia , ha dirigido un escrito a la Comunidad de Madrid para denunciar la mala climatización de los Juzgados de Móstoles, lo que provocó el cierre de uno de ellos por «estrés térmico» el pasado martes 23.

Según el responsable de CSIF Justicia Madrid, Juan José Carral, el aumento de la temperatura interior de las dependencias judiciales «está superando con creces los niveles óptimos de temperatura» como consecuencia de «las continuas averías que sufre el sistema de aire acondicionado por su antigüedad».

Ante esta situación, que como decimos provocó el cierre de Juzgado de Instrucción número 2, la Subdirección de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad de Madrid ha decidido colocar pequeños aparatos portátiles de aire acondicionado en las zonas con más calor como solución provisional.

Pero esta solución no ha convencido a CSIF, ya que considera que «se trata de un parche» que genera otro problema de ruido, por lo que ha exigido a la Comunidad una solución urgente y definitiva a este problema y ha pedido la sustitución de los viejos aparatos de aire acondicionado por unos nuevos.

Carral insiste en que el exceso de calor «produce somnolencia y obliga al trabajador a realizar un esfuerzo para poder mantener la vigilancia», resultando esto perjudicial para trabajos «que requieren tención y toma de decisiones importantes ».

Además, desde CSIF se lamentan de que Móstoles no sea un caso aislado, ya que, como han denunciado, se da con «relativa frecuencia» en otras sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, como ocurrió el pasado verano en los juzgados 2 y 3 de Valdemoro, donde los funcionarios amenazaron con cesar su trabajo por el calor.

CSIF Justicia Madrid, aparte de denunciar esta situación, también ha querido aprovechar la ocasión para reclamar al nuevo Ejecutivo de la Comunidad encabezado por Cristina Cifuentes «un compromiso inequívoco con la Justicia » y «una mayor inversión», con el objetivo de que los juzgados sean «los propios de un país desarrollado».