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Valdebebas

La pesadilla judicial que ha obligado a 35 familias a «okupar» sus propias casas

Están a expensas de que les entreguen la Licencia de Primera Ocupación después de que la Justicia la suspendiera cautelarmente; mientras pagan el IBI y la tasa de basuras

La pesadilla judicial que ha obligado a 35 familias a «okupar» sus propias casas Ángel de Antonio

TATIANA G. RIVAS

Se han visto obligados a «okupar» sus viviendas, ubicadas en una zona nueva de las Cárcavas (Valdebebas) , después de que la Justicia les impida entrar a vivir por la denuncia de un «especulador», como califica el ayuntamiento al individuo que paralizó la construcción de este nuevo barrio del noreste de Madrid. La situación que viven 35 familias que han conseguido levantar un bloque en Valdebebas mediante cooperativa (Residencial San Isidro) es la siguiente: la obra de sus pisos terminó según los plazos establecidos. Podían entrar a vivir en verano de 2013; estaban a expensas de que les entregaran la Licencia de Primera Ocupación (LPO), pero la Justicia se la suspendió cautelarmente el año pasado por no ser firme el planeamiento urbano de la zona.

Todos estos vecinos de la calle Juan Daniel Fullaondo 6, 8 y 10 pagan su hipoteca desde 2010 –de viviendas de protección oficial de más de 300.000 euros–, incluso ya han abonado el primer recibo IBI –de una media de 750 euros– y la tasa de basura –200 euros–. Pero no tienen derecho a vivir en sus casas y se han visto obligados a residir durante este tiempo «en el limbo» en pisos de familiares o incluso pagar un arrendamiento, como Irene, que padece una enfermedad degenerativa y tuvo que vivir en una casa no adaptada, con la necesidad también de contratar a una persona que le ayudara.

Reuniones cada 15 días

La situación para muchos era insostenible económicamente, así que algunos empezaron a «okupar» sus casas las pasadas Navidades. Cada mes se han ido sumando nuevos inquilinos. Eso sí, sin forzar la puerta ni dar la patada; con su propia llave.

Durante el último año han mantenido reuniones cada quince días con el Área de Urbanismo del Ayuntamiento para que legalicen su situación, incluso les ha atendido la alcaldesa, Ana Botella, pero su problema está enquistado en la Sala 22 del Contencioso-Administrativo de Madrid. La Justicia va desbloqueando otros casos; el suyo sigue paralizado.

Desesperados a la comisión

Sin muchas armas más que la espera, varios afectados acudieron el viernes a la última comisión de Urbanismo que se celebró en la Casa de Cisneros para protestar. Respetuosamente esperaron hasta el final de las intervenciones para recordar su estado. Llevaban folios donde exigían una solución. Otros recriminaban: «Okupas por vuestra culpa». La delegada del ramo, Paz González, presente en la reunión, les contestó sin detenerse: «Protestad delante del individuo que os está fastidiando. Esto no es justo».

«Si las cosas se hubieran hecho bien, no tendríamos este problema», afirmaba Nuria entre lágrimas. Ella tuvo que dejar sus muebles, sus enseres, su vida en un trastero para irse a vivir con sus padres a Las Rozas, mientras que a su hijo, de tres años, le llevaba cada día al colegio inscrito de Valdebebas. Estas personas creen que hasta que la Justicia resuelva su caso, el Ejecutivo local puede encontrar una solución, algo que le había garantizado el ayuntamiento, aseguran. Desde el Consistorio reconocen que se han reunido en numerosas ocasiones con estas personas, pero que están afectadas por un «recurrente habitual» que persigue fines «especulativos». Afirman que no pueden hacer nada si no se retira la denuncia o la Sala 22 falla.

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