Las cárceles madrileñas se vuelven más peligrosas

Los ataques en las prisiones, entre los reos y de los encarcelados a los funcionarios, han aumentado, afirman Acaip, C-SIF-Prisiones y la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Sobre los enfrentamientos entre internos no hay datos, pero sí hacia los trabajadores públicos, un registro que contabilizan los sindicatos; la Administración dejó de hacer públicas estas estadísticas en 2007 y las que lleva internamente no coinciden con los datos reales que manejan los sindicatos según les transmiten los Servicios de Prevención y que notifican a las direcciones.

En 2013 se registraron 329 agresiones, «casi un 50 por ciento más que hace diez años», especifican. Resultaron 489 trabajadores heridos. Entre 2003 y 2013 se cifraron 2.882 ataques. En lo que va de año, hasta septiembre –no hay más actualizados–, se han contabilizado 240 ataques con lesiones a funcionarios. Los más graves han ocurrido en Navalcarnero y en Valdemoro, y continúa la senda en lo que va de año. Esta semana pasada, ocho funcionarios han resultado heridos en estas cárceles también.

En Navalcarnero, el pasado mes de noviembre, un preso se lanzó contra uno de los trabajadores públicos para clavarle un destornillador en el pecho. Una cajetilla de tabaco le salvó . En mayo, un interno con una veintena de antecedentes propinó un cabezazo a un funcionario. Le rompió el labio, la nariz, un diente y le provocó una lesión craneal y cervical.

«Algunas cárceles se han convertido en verdaderas torres de Babel con grupos muy peligrosos de musulmanes, subsaharianos, paramilitares del este de Europa, ... que suelen generar peleas colectivas», detallan desde Acaip. Sin embargo, el que ataca a los funcionarios atiende más al perfil de enfermos mentales, drogadictos y exmercenarios. Uno de los grandes problemas es que apenas quedan psiquiátricos y ya no caben más enfermos de estas patologías en los dos centros especializados de Sevilla y Alicante (Fontcalent), advierten.

«Las salas de enfermería de las cárceles parecen verdaderos psiquiátricos. Cada vez hay más internos con trastornos mentales. Son una bomba de relojería entre la población reclusa», detalla Adolfo Fernández, presidente de CSI-F. Calculan que el 25 por ciento de la población reclusa tiene algún problema mental. Los más complicados son los esquizofrénicos.

La cárcel de Estremera –Madrid VII– es en la que más incidentes se producen por este tipo de reo. «Es la que tiene más población reclusa con problemas psiquiátricos», añade Fernández. Los toxicómanos suelen ser los más agresivos, apunta Francisco López Llamazares, de APFP.

Los responsables sindicales describen las situaciones en las que los internos asaltan: cuando se terminan las horas de patio; también cuando vuelven del exterior y no quieren que se les cachee porque ocultan algo, generalmente sustancias estupefacientes. Otras son actos incoherentes.

López Llamazares, de APFP, incluye entre las variantes que han hecho repuntar los ataques a funcionarios el exceso de confianza con los presos: «Antes se mantenía una distancia de seguridad, por ejemplo yendo el preso varios metros por delante y el funcionario detrás; ahora, como el trato es más cercano y humano, a veces se olvida y hay problemas».

Los tres sindicatos ponen el acento en la necesidad de más funcionarios en prisiones. Hacen hincapié en que el Gobierno estatal lleva sin convocar plazas cuatro años y cada año se jubila medio millar de empleados en prisiones de toda España. El cambio del perfil del recluso les implica «mayor riesgo, mayor vigilancia y un gran reto», arguyen. «Es gente más preparada, más inteligente y con formación militar. Los capos tratan de mantener sus negocios desde dentro. Tienen teléfonos móviles en el interior, es difícil pillarles con ellos. Tenemos que extremar los controles para que no campen a sus anchas», afirma el portavoz de APFP.

Por seguridad se mueve a los más peligrosos a otros módulos o se les lleva a otras prisiones para que no generen núcleos fuertes en su lugar de confinamiento. Los funcionarios de prisiones demandan al Estado más plazas públicas; una mesa técnica de seguridad; un plan integral para llevar un mismo registro de agresiones y un protocolo de violencia física.