El Tribunal de Cuentas activa el proceso contra exalcalde socialista Cascallana

Avanza el proceso judicial contra Enrique Cascallana, anterior alcalde socialista de Alcorcón, por el «agujero» de 612 millones de euros que dejó en el Consistorio al salir derrotado en las urnas en mayo de 2011. El Tribunal de Cuentas , que hace dos años ya confirmó las «graves irregularidades» en la gestión del PSOE, pasa el caso a su Sección de Enjuiciamiento y da un plazo de nueve días para que denunciados y denunciantes comparezcan. Puede ser el comienzo para sentar a Cascallana en el banquillo.

La parte denunciante es el actual equipo municipal, dirigido por David Pérez (PP). Fuentes oficiales aseguran a ABC que el Ayuntamiento de Alcorcón «sí se va a presentar» en ese plazo de nueve días, fijado en un edicto del propio Tribunal de Cuentas que ayer públicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La comparecencia del Ayuntamiento supondrá que «hay causa» y, por lo tanto, se llamará a los presuntos responsables de las irregularidades contables del equipo Cascallana, incluido el propio exregidor socialista. Todo ello se sigue en un pleito para depurar responsabilidades contables, penales y administrativas. Aunque el socialista está aforado (es senador y diputado autonómico), no se descarta que tenga que rendir cuentas ante la justicia.

El Tribunal de Cuentas, como ha venido informando este periódico, ha certificado esa deuda de 612 millones de euros. Además, advertía que el entonces alcalde socialista no solicitó la preceptiva autorización al Ministerio de Economía y Hacienda _dirigido entonces por Elena Salgado (PSOE)_, para sobreendeudarse irregularmente por 44 millones de euros. Esta cantidad correspondía a préstamos de legislatura que nisiquiera pagó, como es precetivo, al término de la misma.

El Tribunal de Cuentas ya ha trasladado a su Sección de Enjuiciamiento la investigación sobre las presuntas irregularidades contables de Enrique Cascallana (PSOE), anterior alcalde de Alcorcón, que dejó el Ayuntamiento con un «agujero» de 612 millones de euros, según confirmó el propio Tribunal.