La Justicia requiere documentos a Parla por el sobrecoste del tranvía

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid admitió a trámite el pasado 5 de noviembre el recurso del Grupo Municipal del PP de Parla contra el acuerdo del Ejecutivo local de José María Fraile en la Junta de Gobierno del pasado 26 de julio. En él se establecía un calendario de pagos por este medio de transporte –seis años después de inaugurar la infraestructura– de casi 260 millones de euros durante 30 años. En dicha Junta solo está presente el Grupo Socialista, ya que la oposición no participa en este órgano.

Tres ejes de denuncia

Ante este hecho, el PP de Parla inició una doble ofensiva judicial en agosto. Por un lado, por la vía penal ante el Tribunal Supremo, dada la condición de Tomás Gómez como senador, un aforamiento al que acaba de renunciar recientemente por discrepancias con su partido.

El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria , junto al portavoz popular de Parla, Miguel Ángel López , se personaron en el Alto Tribunal para interponer una denuncia por malversación de caudales públicos y prevaricación contra Gómez, Fraile y todos los concejales del PSM que aprobaron las supuestas irregularidades. Entre ellos, la actual diputada regional Rosa Alcalá y la ahora concejala socialista en Móstoles Laura Cillero .

Por otro lado, por la vía contencioso-administrativa en los propios Juzgados de Parla, la que fue admitida el mes pasado. Las denuncias se basan en tres ejes de la financiación para los que los populares han aportado un amplio dosier de documentación : por un lado, el calendario aprobado se calcula en función de un presupuesto inicial de 93 millones de euros que posteriormente se incrementó sobre la marcha a más de 130 «a dedo y sin concurso», según el Partido Popular.

42 millones extraviados

Además, en los 260 millones de euros finales que Fraile se acaba de comprometer a pagar no se recogen los 42 millones que pagó de entrada el Ayuntamiento con los beneficios del consorcio urbanístico Parla Este, antes incluso de la puesta en marcha del tranvía y que, si efectivamente se pagaron, deberían aparecer descontados de ese reequilibrio del precio final.

La última de las claves que denuncia el PP es que las facturas «están infladas» , ya que se han calculado y pagado en base al precio ya recalculado, pero antes de que se aprobara dicho acuerdo: «En 2012 y 2013 se pagan facturas calculadas en base a ese calendario que no se aprueba hasta mediados de este año, lo cual es cronológicamente imposible, salvo que estuviera ya pactado de antemano».

Tras la admisión a trámite del recurso del PP, Fraile ya ha aportado documentación relativa a este asunto, una información que se ha negado a mostrar ante la oposición. El juzgado ya ha dado traslado de esos papeles al PP, que formalizará entonces su demanda en la vía contencioso-administrativa mientras confía en que la Justicia se pronuncie en el mismo sentido en la vía penal.

Cabe recordar que tanto a Gómez como a Fraile la Justicia ya les ha anulado hasta tres presupuestos municipales (2003, 2005 y 2009) por ocultar información a la oposición. Fueron condenados por vulnerar derechos fundamentales de los concejales del PP al negarles las cuentas de los años anteriores, todos ellos sobre la gestión del actual líder del PSM.