Los desempleados no son números y la acción pública contra el paro sí es rentable

Esta afirmación la constato cada día en mi experiencia como Alcalde de un pueblo en el que muchos de los vecinos están desempleados. Ayudas de 400 euros como las del programa Prepara palian parcialmente la desesperada situación de muchas familias, pero ni resuelve su situación de necesidad material ni tampoco atiende a su verdadera aspiración, que no es otra que el desarrollo de un trabajo efectivo a cambio de un salario y unas cotizaciones que generen los derechos correspondientes.

Desde el Ayuntamiento de Villacañas se lo hemos pedido al presidente Rajoy a través de una moción, y lo harán también otros municipios: transforme la ayuda del plan Prepara en contratos laborales, equiparando su retribución cuando menos al Salario Mínimo Interprofesional, incluyendo sus correspondientes cotizaciones y con el objeto de desempeñar labores de colaboración en la prestación de servicios públicos. El coste económico de una medida valiente como esta es asumible, más aún si lo comparamos con las cantidades que se destinan, por ejemplo, a sanear la banca. Y, sobre todo, porque los beneficios que conllevaría enjuagarían ese coste.

Primero , el desempleado realizaría un trabajo en la prestación de servicios públicos del que se beneficiaría toda la sociedad . Segundo, al cotizar generaría nuevos derechos para cobrar prestación por desempleo en el caso de volver a quedarse sin trabajo. Tercero, destinaría la totalidad del sueldo al consumo de bienes y servicios, ayudando a reactivar la economía . Y cuarto, revertirían al Estado todos los impuestos indirectos que se generarían por el consumo de esos bienes y servicios. En definitiva, que un trabajo con un sueldo podría acabar siendo más rentable que un subsidio.

Pero el Gobierno de España, en contra de las recomendaciones del Consejo Europeo, ha bajado la cobertura por desempleo, precisamente cuando más paro hay, y ha recortado drásticamente las políticas activas de empleo, a la vez que intenta constreñir al máximo el sector público. Y esa doble estrategia, recortar prestaciones y estrangular el sector público, parece tener un objetivo final: privatizar los servicios públicos y precarizar los contratos para prestar esos servicios.

Cada día son más las investigaciones académicas y las opiniones de economistas y expertos que confirman que un sector público fuerte es, precisamente, el elemento diferenciador en los países europeos con la economía más saneada y con menos paro. El último dato sobre creación de empleo en Alemania es concluyente: tres de cada cinco nuevos empleos creados en el último trimestre de 2012 se generaron en los servicios públicos, educación y sanidad. Por el contrario, los países con más paro y que más sufren los vaivenes económicos son precisamente los estados del sur de Europa, allí donde el peso del sector público es mínimo y donde, además, gobiernos conservadores parecen querer reducirlo a su mínima expresión. ¿Qué hace que estos países tengan un endeudamiento mayor en comparación con los estados del norte de Europa? La respuesta fácil es decir que la culpa de todo la tiene el gasto público. Pero los datos no confirman esta afirmación, ya que el gasto público, incluido el gasto social, es mucho menor en estos estados, y además cada día se reduce más. ¿Qué es lo que diferencia entonces a unas economías de otras? Los ingresos del Estado. Es decir, los países con un sector público fuerte recaudan más y redistribuyen mejor esos ingresos.

La clave no estaría, por tanto, en la reducción del gasto y la inversión públicos, sino en una errada política recaudatoria, que grava a las clases bajas y medias y favorece a las grandes fortunas. El último y clarificador ejemplo ha sido la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy, esa que ha recaudado un 3 % de lo declarado, pero que ha dejado un mensaje aterrador: le ha dicho «eres un pardillo» al honrado contribuyente, y en cambio, al gran defraudador le ha dado una palmadita en la espalda mientras le susurraba al oído «no te preocupes que yo te regularizo».

Es esa política neoliberal la que sitúa al sector público en el eje del mal del despilfarro y el déficit. Es esa política la que está detrás de cada una de las medidas mal llamadas «reformistas», como esa reforma de la Administración Local, que se pretende acometer sin consenso alguno, y que parece tener como objetivo prioritario la privatización de servicios públicos hasta la fecha municipales .

Pero al final los datos son tercos y confirman que un sector público fuerte, justo, redistribuidor de la riqueza y de las oportunidades, es más eficiente que la austeridad por la austeridad. El Sr. Olivier Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, ha reconocido que el FMI se había equivocado al apostar por las políticas de recortes del gasto público como medida de reducción del déficit y de la deuda pública, que están siendo contraproducentes y están incluso generando un efecto contrario al que perseguían.

Y el señor Blanchard no es precisamente un «perroflauta».