El juez deja en libertad a los seis detenidos por boicotear el Chupinazo con una ikurriña

Por otra parte, el juez ha tomado declaración a la concejal de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Patricia Perales , en condición de imputada para garantizar sus derechos constitucionales. Por el momento, el magistrado no ha dictado resolución judicial alguna en la que se le impute un hecho delictivo.

En el marco de la instrucción, el juez ha ordenado la intervención de los móviles de los imputados y ha acordado recoger una muestra de su perfil genético para cotejarlo con las evidencias halladas en el lugar de los hechos . Asimismo, el juez va a investigar las llamadas registradas en los días previos al chupinazo entre la concejal y dos de los imputados.

«No estoy imputada»

La concejal de Bildu en Pamplona Patricia Perales, ha asegurado que no conocía lo que iba a ocurrir ese día en la plaza Consistorial.  Perales ha acudido ante el juez acompañada de su abogada y no ha dado detalles sobre el contenido de su declaración ni sobre las preguntas que le ha formulado el juez.

A su salida del Palacio de Justicia, Patricia Perales ha asegurado que «por supuesto que no» sabía que instantes antes del chupinazo se desplegaría la ikurriña gigante.

Además, la concejal de Bildu ha asegurado que según le ha transmitido el juez no está imputada . «Sólo he respondido a las preguntas que me ha hecho el juez y lo que me ha dicho es que no estoy imputada», ha indicado.

Perales estuvo acompañada a la entrada al Palacio de Justicia por los parlamentarios de Bildu Maiorga Ramirez, Víctor Rubio, Bikendi Barea, Koldo Amezketa y Miren Aranoa ; la parlamentaria de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde ; y sus dos compañeros de grupo en el Ayuntamiento de Pamplona, Eva Aranguren y Peio Martínez de Eulate . También acudieron los concejales de Aralar Aritz Romeo y Ana Barrena , así como el representante de Sortu Txelui Moreno . 

Ayuntamiento, acusación particular

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , no se ha sorprendido por la imputación de la edil de Bildu Patricia Perales por su presunta relación con los incidentes del pasado 6 de julio, y espera ahora que la justicia decida si su actuación es o no constitutiva de delito. 

Por su parte, Maya ha recordado que el Ayuntamiento de Pamplona se personará como acusación particular «contra todo aquel que tenga relación con el boicot al chupinazo». Y ha añadido que «a nadie ha sorprendido esa relación entre Bildu y los que quisieron boicotear el chupinazo», en alusión a la imputación de la edil abertzale.

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona quiere que la concejala de Perales «aclare su grado de participación en lo acontecido el 6 de julio» durante el lanzamiento del chupinazo.  Esta demanda regionalista se recoge en una moción que este grupo llevará al próximo pleno, según han anunciado las concejalas Ana Elizalde y María Caballero .

Igualmente, proponen que el Consistorio condene «los hechos del 6 de julio que supusieron una afrenta y un ataque a la realidad institucional de Pamplona y de Navarra y contra la libertad de los pamploneses».

«Grave preocupación»

El Gobierno de Navarra, a través de su portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin , ha mostrado su «grave preocupación» por «el comportamiento de quienes están aprovechándose de las instituciones democráticas para socavarlas». 

El consejero portavoz ha subrayado «una vez más» la «vergüenza» por que partidos como Bildu «aprovechen la presencia democrática en las instituciones para ir contra las propias instituciones, en este caso contra el propio Ayuntamiento y contra la mayoría de los ciudadanos de Pamplona».

Unos hechos que el Gobierno de Navarra «no va a disculpar» , ha subrayado Sánchez de Muniáin, quien ha denunciado que unos representantes democráticos puedan «estar usando las instituciones para destruir los fines para los que han sido elegidos».

«Y eso no solo ha ocurrido aquí en Pamplona sino también en municipios con ayuntamientos gobernados por Bildu», ha apostillado el portavoz, quien ha recordado la existencia de procesos judiciales abiertos o por abrir en relación a hechos como la cesión del inicio de las fiestas a colectivos de apoyo a presos de ETA o la exhibición en los balcones de las casas consistoriales de pancartas en el mismo sentido.