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Investigación penal a la sala Tribeca

El Ayuntamiento pide al juez y la Fiscalía que indague en si el dueño del local incurrió en delitos

Investigación penal a la sala Tribeca óscar del pozo

carlos hidalgo

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado sendos escritos con documentación amplia al juzgado y a la Fiscalía ante sus sospechas de que la sala Tribeca y su propietario podrían haber incurrido en varios delitos, además de los expedientes ya abiertos por la vía administrativa. Asimismo, la Policía Municipal precintó el establecimiento, situado en la calle de Valverde, 8 (Centro), el pasado jueves.

Como ya informó ABC , el sábado de la semana pasada, por la noche, los agentes se personaron en el bar de copas y comprobaron que se encontraba a pleno funcionamiento, pese a que horas antes se le había entregado en mano la orden de clausura a su encargado, por irregularidades apreciadas el mes anterior. Pero no sólo se habían saltado el cierre expreso municipal, sino que, además, había un importantísimo exceso de aforo: 247 personas donde como mucho debían estar 70 .

Este periódico ha tenido acceso al argumentario aportado en sede judicial por el Consistorio que dirige Ana Botella . En él, el Área de Seguridad y Emergencias explica que «el 20 de julio se procedió a notificar al local Tribeca una resolución de clausura por los graves defectos que presenta en relación a las salidas de emergencias, dándose graves circunstancias de riesgo para la seguridad de las personas y los bienes de la actividad realizada». En concreto, se señala que, en caso de evacuación por cualquier tipo de siniestro, «se impediría llegar a los clientes a uno de los puntos de evacuación». Efectivamente, la puerta de emergencia daba a un patio interior que, además, estaba lleno de cubos de basura que dificultarían la salida de los ocupantes en caso de una emergencia.

En la resolución transmitida a Tribeca, «se advertía de que, de no acatarse de modo inmediato, se les instaría por vía penal por delito de desobediencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las sanciones administrativas en las que pudieran incurrir». Y es es lo que ha ocurrido, habidas cuenta de la posterior inspección a la que fue sometido el establecimiento horas después.

Incumplimiento del cierre

«El 21 de julio, la Policía Municipal se acercó a comprobar si dicho establecimiento había acatado la orden de clausura inmediata y comprobaron no sólo que seguía funcionando, incumpliendo la orden de cese y clausura dictada por el coordinador, sino también otra serie de incumplimientos de la norma», añaden los servicios jurídicos del Ayuntamiento . Y detallan el exceso de aforo referido, el problema de la salida de emergencia (que, además, estaba atascada) y que tenía caducado el seguro de responsabilidad civil, hecho que había motivado la orden original de clausura.

«No sólo es sumamente grave que no se haya acatado una orden de cese de actividad –agrega el argumentario-; también hay que sumar el hecho de el aforo que presentaba el local es un 353% más alto que el permitido, casi cuatro veces más».

Se insiste en que el bloqueo de una salida de emergencia y su mal estado de conservación ( rozaba con el suelo ) «da un plus de peligrosidad con respecto a todas las personas que estaban en el local». «La importancia de la salida de emergencia es vital, ya que, de producirse en el interior del local un hecho extraordinario que pueda acarrear riesgos para la vida de los consumidores de dicha actividad, tenerla inhabilitada pone en grave riesgo la integridad física de las personas y eleva exponencialmente este peligro, al poder producirse un resultado muy grave».

Lo que cree el Ayuntamiento y por ello se dirige a las autoridades judiciales para que se pronuncien sobre ello es «si de la desobediencia de una orden de cese de actividad por incumplimiento grave de los sistemas de seguridad y emergencia, la puesta en peligro de las personas que concurrieron al local (no sólo por el sobreaforo, sino por la inhabilitación de las medidas de seguridad del local) puede derivarse una responsabilidad penal».

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