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madrid/peligratuboda.com

Las fincas rústicas «piratas» se apropian de la mitad de las bodas de Madrid

Un empresario legal paga 18.000 euros anuales en impuestos; el ilegal, no

maría isabel serrano

«Mis amigos abogados estuvieron vigilando nuestra boda . Podía pasar cualquier cosa que diera al traste con ella». Helena S. y Gorka A. ya están felizmente casados y recuperados del susto por elegir una de las 46 fincas rústicas ilegales existentes en Madrid porque no tienen licencia para celebrar banquetes nupciales. Esta pareja es el ejemplo de un fraude que mueve 180 millones de euros al año. Los dueños de los establecimientos legales prefieren ocultar su identidad por miedo a represalias. «En los pueblos, nos conocemos todos», dicen.

El negocio de los banquetes nupciales ilegales, destapado por ABC el pasado 3 de diciembre, es algo que quita el sueño desde hace ya cuatro años a las dos patronales del sector: Asociación de Empresarios de Restauración (AMER) y Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Ambas tienen contratado un despacho de abogados, Juristur, para seguir el rastro a los ilegales y denunciarles ante los tribunales correspondientes. De hecho, hay fallos de cierre y precinto de fincas rústicas piratas, recursos de los ilegales, pleitos activos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y juzgados administrativos. También, ante la Fiscalía de Medio Ambiente puesto que la mayoría de los establecimientos fraudulentos están ubicados en terrenos de elevado valor medioambiental y protegidos.

Helena y Gorka tenían fecha para su boda desde hacía nueve meses. Con mimo, con ilusión; echando muchas cuentas. En un sitio idílico. Lo que no sabían es que estaban tratando con una local pirata. Era para el 6 de octubre de 2012. Por poco, se quedan descompuestos y sin boda en una finca de la sierra noroeste madrileña.

El susto, y el disgusto, se lo llevaron 48 horas antes del enlace. «Me llaman de la finca y me dicen que no se puede celebrar nuestra boda porque hay un desahucio, o un lío parecido, derivado de un pleito familiar entre dueños. Casi me da un pasmo . ¡Imagínense!», recuerda la novia. Pero, cosas del destino, Helena trabaja en un bufete de abogados. «Es imposible montar otra boda en dos días. ¡Qué pesadilla !», dice la joven.

«El día antes del aviso yo estuve en la finca, inspeccionándolo todo porque tenía un invitado con silla de ruedas y quería asegurarme de la accesibilidad». Pero había una denuncia contra el hombre con el que habían negociado su boda. Al señor con el que ya estaba todo hablado, le habían echado y habían cerrado la finca.

Mediante la persona que les iba a servir el catering, Helena y Gorka dan con los abogados de los demandantes y les piden, por favor, que les dejen celebrar la boda aunque son conscientes de la situación y de que lo hacen en un sitio ilegal y sin garantías. Los demandantes se hacen cargo de la situación y acceden a que se celebre la boda. Pero, como decía Helena, vigilando que no fuera ninguna autoridad a impedirlo. Que podía haber pasado.

En Madrid hay 104 fincas . También se anuncian como haciendas, villas o quintas. Casi la mitad (46), son ilegales porque carecen de la licencia específica para banquetes nupciales. Se camuflan como restaurantes, tentaderos, picaderos o invernaderos. Eluden impuestos y normas de seguridad, contra incendios o gestión de residuos que establece la ley autonómica 17/1997 sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Cuando Juristur denuncia a una finca , los dueños se defienden con que es una fiesta de su familia. O que es una «cesión temporal» del terreno para que parezca una «actividad inmobiliaria», no hostelera.

Las dos patronales —AMER y AEHM—, llevan cuatro años detrás de esta bolsa de fraude . Tienen todas las denuncias y sus pesquisas en la página web «peligratuboda.com». Los empresarios legales cuentan y no paran del calvario de los «piratas» pero temen identificarse por las represalias.

Eso le ocurre a Lorenzo, empresario legal en el suroeste madrileño. «Mi familia lleva dedicada a esto cincuenta años. Los ilegales juegan con ventaja. Están en lugares preciosos, exclusivos. No les importa no tener permiso y pisotear un lugar protegido. He tenido que invertir mucho para hacer una zona ajardinada y un entorno agradable, tengo 80 nóminas y muchos impuestos. Ellos, no. Carecen de contabilidad. Es un mundo muy opaco . La ley se aplica poco y tarde. Ellos van tirando, nosotros muriendo».

A Pedro le han llegado a ofrecer el 10% de comisión «si me callaba ». Él tiene su negocio legal en la sierra de Guadarrama. «Pago 18.000 euros al año en impuestos municipales. Los ilegales no y, además, nos quitan la mitad del negocio. Antes daba 100 bodas al año y ahora no llego a 45. Hay crisis y también mucha competencia desleal ».

«La guasa llega cuando te advierten de que las fincas son de familias de renombre o con muy buenos contactos», remata Pedro.

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