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El negocio de los banquetes nupciales ilegales

Día 04/12/2012 - 17.46h
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El 50% de las fincas que se anuncian en Madrid para acoger ágapes de boda son ilegales

El negocio de los banquetes nupciales ilegales
víctor lerena
Finca Villasolita, en Galapagar, con orden de cese revocada por el Ayuntamiento, sigue programando bodas

Lo de «fueron felices y comieron perdices» no siempre está garantizado si el banquete nupcial se celebra en una finca rústica pirata. Se anuncian como «finca», «hacienda, «villa» o «quinta». En la comunidad madrileña hay 104. De ellas, 46 (casi la mitad) son ilegales. No cuentan con la licencia específica para este tipo de actividad. Se camuflan como restaurantes, lugares para eventos, invernaderos o tentaderos. Son expertos en esquivar la ley. Si su boda en alguno de estos «locales piratas» sale mal, solo podrá reclamar al maestro armero.

Algunas fincas están ya precintadas. Otras están siendo investigadas con lupa. Hay sentencias, órdenes municipales de cese de la actividad, pleitos activos ante la Fiscalía de Medio Ambiente o el TSJM. No importa. Se siguen contratando bodas. El bocado, nunca mejor dicho, es suculento. Hay cientos de millones de euros en juego. La voz de alarma la han dado dos grandes patronales del sector: la Asociación de Empresarios de Restauración (AMER) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHNM). Llevan queriendo neutralizar esta «gran bolsa de fraude» desde hace cuatro años, cuando encargaron a un bufete de abogados —Juristur— el placaje a esta competencia desleal.

Los banquetes ilegales en fincas rústicas salpican a toda la comunidad. Se asientan, principalmente, en pueblos serranos y en parajes de alto valor ecológico, como en los parques regionales de las cuencas de los ríos Guadarrama o Henares. Los hay en Chinchón, Galapagar, Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, Valdetorres del Jarama, Torrelodones, Griñón, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Morata de Tajuña y así hasta más de 30 municipios madrileños. Las fincas sospechosas o con orden de precinto están fichadas en la web «peligratuboda», donde las dos patronales y sus abogados dan pelos y señales de estos «bodorrios chungos».

Pero vamos al negocio. En 2011, en Madrid se celebraron, aproximadamente, 24.700 enlaces, un 0,3% más que el año anterior. La media de edad de las mujeres es de 33 años y 36,1 de los hombres. Las bodas más caras se producen en Madrid capital con una media de gasto de entre 16.000 y 20.000 euros para una lista de entre 150 y 200 invitados. El cubierto medio se coloca entre los 60 y los 90 euros por persona (suelen incluir cóctel y comida ó cena), pero, lo curioso, es que en estas fincas de banquetes ilegales se llega a precios que oscilan entre los 110 y los 150 euros por invitado. Nos colocamos, de esta forma, en negocios que rondan los 180 millones de euros anuales.

Los ágapes nupciales se rigen, en Madrid, por la Ley 17/1997 sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ahí se fijan los requisitos para el funcionamiento. Son muchos pero necesarios: higiénicos, seguros contra incendios, gestión de residuos, alimentación y personal en regla laboral, entre otros. Con todo ello se obtiene la licencia específica para esta actividad. Pero los ilegales echan mano de la picaresca y se esconden en eso, en restaurantes, salas de eventos (así en general) y tentaderos. Así, incumplen una larga lista de obligaciones laborales, administrativas y fiscales. Eso sin olvidar que la mayoría se encuentra situadas en zonas protegidas medioambientalmente.

Esas 46 fincas de banquetes ilegales contratan bodas a su aire. Además del riesgo para los consumidores, la actuación de estos lugares al margen de la legalidad supone una grave amenaza para un sector del que dependen 8.000 puestos de trabajo. Y, por descontado, constituye una competencia desleal frente a las demás empresas que sí cumplen sus obligaciones legales.

Los establecimientos pirata tienen dos argumentos para defenderse cuando les pillan en el renuncio. O explican que lo que se realiza en su finca es un «evento familiar» o señalan que se trata de «una cesión» del local porque, así, su actividad es «inmobiliaria», no hostelera. Tienen trucos para todo.

Cuando Juristur localiza una actividad irregular y sospechosa en una de estas fincas rústicas, se dirige al ayuntamiento de turno para que les certifique qué tipo de licencia municipal ampara esos banquetes nupciales. A veces, el ayuntamiento afectado no ha contestado, un silencio sepulcral. Malo. Si contesta, suele argumentar dos cosas: una, que no tiene constancia de la finca (clandestinidad total), o dos, que la licencia concedida no se corresponde con la hostelería y que, curioso, es un tentadero, un restaurante o un invernadero.

En el ayuntamiento deberían constar, entre otros, estos documentos para que la finca fuese legal: certificado final de uso hotelero, visto bueno de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, del gas, y de suministro de agua (algunas usan agua de pozos no controlados), protección de incendios, gestión de residuos (imprescindible porque solo se concede a suelos urbanizables, no a los protegidos) y, en general, todos aquellos seguros a terceros, responsabilidad civil y derivados de la contratación de banquetes nupciales.

Hosteleros advierten a los futuros novios que se informen bien para evitar disgustos. Unas fotografías preciosas y una publicidad engañosa pueden dar al traste con la boda. Muchos establecimientos se presentan como arrendadores de la finca, no como hosteleros. Eso tiene que dar que pensar. Yojo: Si obligan a contratar el catering aparte porque el dueño de la finca se llama «solo arrendador» y algo sale mal, los novios cargan con el marrón y no pueden reclamar porque el dueño «pirata» ya se encarga de decir que era «una fiesta privada de los novios».

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