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especial incendio riba de saelices

Un proceso de ocho años, 29 imputados y un solo culpable

La Audiencia Provincial de Guadalajara solo condenó al excursionista que inició la barbacoa, al que le impuso una pena de dos años de prisión y diez millones de multa

Un proceso de ocho años, 29 imputados y un solo culpable efe

p. biosca/j. A. Pérez

Desde que se desató el incendio en Riba de Saelices -que arrasó 13.000 hectáreas y en el que murieron once personas del retén de Cogolludo- hasta que el Tribunal Supremo condenó a Marcelino H. S., el excursionista que encendió la barbacoa, pasaron ocho años. Aparte del Ministerio Fiscal, como acusación particular se personaron nueve de las famillias de los fallecidos y el PP. Ambas partes consideraban que, más allá de la culpa del excursionista, técnicos de la extinción y altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista José María Barreda , tenían la responsabilidad de las once muertes por su mala gestión.

2007: Cambio de juez

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción de Sigüenza, cuya titular en esos momentos era Concepción Azuara. La juez citó a declarar como imputados a casi una decena de los excursionistas , que se encontraban en las barbacoas de la Cueva de los Casares cuando se originó el incendio, y al guardia forestal de la zona. El proceso se desarrolló lento hasta que en 2007 dio un giro inesperado: el 25 de abril Concepción Azuara ascendió dentro de la judicatura y ello conllevaba su traslado a San Sebastián.

Azuara pidió posponer el cambio de destino hasta que terminara la investigación. La juez se amparaba además en la Ley Electoral: el 27 de mayo de 2007 se celebraron elecciones municipales y autonómicas y Azuara era presidenta de la Junta Electoral de Zona, por lo que la ley establecía que no se podía mover del cargo hasta 100 días después de las elecciones. Sin embargo el Consejo General del Poder Judicial solo dió diez días de plazo a Azuara para que se incorporara a su nuevo destino . La nueva juez, María del Mar Lorenzo , amplió las imputaciones de 9 a 29 y entre esas nuevas citaciones había altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha como Rosario Arévalo , consejera de Medio Ambiente; José Ignacio Nicolás , director general de Medio Natural, o Sergio David González , delegado provincial de Medio Ambiente.

2009: Termina la instrucción

En mayo de 2009 terminó la instrucción de Lorenzo con un auto en el que procesaba a 20 de los 29 imputados . La causa se sobreseyó sobre la mayoría de excursionistas (salvo tres), además del guardia forestal de la zona, el responsable de la torre de vigilancia de Riba de Saelices y dos técnicos del 112. A los 20 imputados, la juez les atribuyó diferentes delitos. Los más repetidos: incendio forestal por imprudencia grave, homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores. Además de los altos cargos de la Junta, entre los procesados se encontraba personal del 112; el alcalde, exalcalde y secretario del Ayuntamiento de Riba de Saelices o responsables de las empresas Tragsa (encargada de la contratación en los retenes) o Helisureste.

2010: Los políticos, exculpados

El caso pasó a la Audiencia Provincial y dió un nuevo vuelco el 21 de julio de 2010 cuando se absolvió a todos los políticos y los técnicos , y solo permanecieron imputados los tres excursionistas. Aquí es clave el testimonio de Jesús Abad , único superviviente del retén, que declaró que las muertes de sus compañeros se debieron «a un fenómeno natural imposible de prever ».

Según el auto, la actuación de los técnicos es «irrelevante penalmente» y las muertes no fueron «por falta de medios o ausencia de formación del personal que intervino en la extinción». Y en el caso de los políticos, la Audiencia establece que culparles de algún delito sería « como prohibir la circulación de vehículos de motor para evitar los accidentes ».

2012: Un único culpable

Finalmente el 9 de julio de 2012, la Audiencia Provincial declaró culpable a Marcelino H. S. por un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave y le impuso una pena de dos años de prisión , una multa de diez euros durante un año y una indemnización de 10.640.971,14 euros a la Junta de Castilla-La Mancha en concepto de daños causados por el incendio.

La sentencia, en el apartado «hechos probados», dice que Marcelino H. S. fue el encargado de preparar la comida en las barbacoas. Algo permitido. Sin embargo, el condenado «actuó sin adoptar las más elementales medidas de precaución para prevenir y evitar la propagación del fuego». Con lo cual, a las 14.40 horas del 16 de julio de 2005, «una pavesa, brasa, resto de ceniza u otro tipo de pequeña fuente de calor procedente de la segunda barbacoa... cayó sobre hierba seca y fina... actuando como combustible de inicio que favoreció la propagación».

A los otros dos excursionistas se les absolvió porque «no está probado que en la ejecución y control de las barbacoas le auxiliaran ni que permanecieran junto a Marcelino H. S. mientras este preparaba la comida». El condenado recurrió al Supremo , que el 21 de mayo de 2013 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial.

Recuerdo en las Cortes

Coincidiendo con el décimo aniversario de la tragedia, las Cortes de Castilla-La Mancha expresaron este jueves un « sentido recuerdo » a los once trabajadores del retén de Cogolludo que perdieron la vida en el incendio de la Riba de Saelices. Al comienzo del Pleno, el presidente del Parlamento regional, Jesús Fernández Vaquero , se acordó de estos «trabajadores ejemplares que perdieron su vida por salvar nuestro patrimonio medioambiental», informó Efe. Asimismo, trasladó a los familiares de las víctimas su reconocimiento personal y profesional.

Por último, dedicó unas palabras de «ánimo y apoyo a todos los profesionales que estos días están inmersos en la dura tarea de evitar y apagar los incendios forestales».

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