Los sindicatos atribuyen a una purga el despido de tres policías

La expulsión de tres agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta el pasado 29 de diciembre ha provocado la rápida reacción de las tres centrales sindicales mayoritarias. Tras este despido, las organizaciones con más integrantes ( SUP , CEP y UFP ) detectan una ofensiva para impedir que haya delegados sindicales. Las razones esgrimidas por la dirección como «la inadaptación al trabajo de esos funcionarios y continuas denuncias sindicales» son «algo insólito y difícil de comprender» en su opinión. Los representantes policiales aseguraron que habría que «retrotraerse hasta los tiempos oscuros de la represión para recordar hechos tan funestos».

Las dificultades, según las centrales, comenzaron con la llegada de los actuales mandos y basaron su afirmación con el número de expedientes instruidos tanto por el inspector, Javier Teijido Barreiro, como por Antonio Nieto Lamas, que concretan en 23 expedientes frente a tan solo 17 de los años anteriores. Esta situación constituye un abuso de poder que los policías pusieron en conocimiento de la Justicia a través de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de expulsión de los tres agentes, en los que alegan «la violación de la libertad sindical, ideológica y de expresión, además de constituir un atentado contra el honor y la propia imagen».

Las razones que aducen los mandos para continuar con el expediente también provocaron la perplejidad de los denunciantes: «Escribir una parte de servicio a bolígrafo y no a ordenador, o no consultar la base de datos de antecedentes policiales». Según los sindicalistas «no hay una normativa específica sobre cómo deben ser escritos los partes de servicio, que generalmente se hacen a bolígrafo, y no parece procedente consultar bases de datos policiales ante este tipo de situaciones, sino un pretexto para expulsarlos del cuerpo».

Los representantes de los agentes se dirigieron ayer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que « conozca, asuma y reconduzca esta situación , una situación que pone en entredicho valores y políticas ya olvidadas por todos». Para los portavoces sindicales, uno de los máximos responsables de esta situación es el alto mando de la Policía Autonómica, el comisario José Antonio Álvarez Villar, que se jubilará dentro de un mes y que fue condenado en 1976 por «maltratar a detenidos por ideología política». La decisión de los sindicatos es continuar con las protestas, y se organizarán concentraciones en la sede la Policía, encierros en los sindicatos y encuentros con los partidos políticos.