Siete tribunales de instancia propios, los cuatro provinciales que recoge el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (La Coruña, Pontevedra, Lugo y Orense), junto a Vigo, Santiago y Ferrol, pero no como sedes desplazadas —secciones dependientes de la capital—, sino con plena autonomía. Es la réplica de Galicia a la no poco polémica propuesta del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, en su reorganización del mapa judicial actual.

Aunque no todos están de acuerdo con este último planteamiento, que en la práctica resulta el más lógico, la Comunidad vería minimizado el impacto que supone la eliminación de 41 de los 45 partidos judiciales, tal y como contempla la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros.

Una reforma que, no obstante, queda supeditada, aunque sin perjuicio, a la Ley de Demarcación y Planta. Una vez que esta última norma entre en vigor, la Xunta de Galicia (como el resto de Comunidades autónomas) tendrá un plazo de un año para enviar su propuesta de organización en materia de demarcación territorial.

Abogados, fiscales y jueces defienden que la reforma aleja a la Justicia del ciudadano El futuro corpus jurídico, de aprobarse tal y como está redactado, pese a que presenta cierta ambigüedad en cuanto a la posibilidad de establecer excepciones y qué tipos de jurisdicciones asumirían las sedes desplazadas, no solo «aleja a la Justicia del ciudadano» —principal argumento de jueces, abogados y fiscales—, sino que «inexorablemente condena a una importante pérdida de riqueza, empleo, población e influencia a las ciudades y términos municipales afectados con la supresión», tal y como explica a ABC Nieves Santomé, presidenta del Consejo de la Abogacía Gallega.

La también decana del colegio de abogados de Ferrol apela no solo al rango que un partido judicial otorga a una ciudad en el orden administrativo, también al entramado que se genera en su entorno y, a modo de ejemplo, cita a las cafeterías, kioscos, copisterías... que se abren alrededor de un juzgado. En su opinión, la supresión de Vigo, Ferrol y Santiago como cabeceras judiciales no hace más que evidenciar el «mayúsculo desatino de la reforma».

Apelan al rango que un partido judicial otorga a una ciudad en el orden administrativoComo factor común a cualquier debate abierto no deja de haber voces discordantes que pese a no coincidir en la forma, si lo hacen en el fondo de la propuesta. No falta quien opina que la creación de tribunales de instancia con circunscripción provincial y sede oficial en la capital no supone de facto una pérdida de peso de las actuales cabeceras de los partidos judiciales. En esta misma línea, y con respecto a la eliminación de las cuatro audiencias provinciales que existen en Galicia —contemplada en la LOPJ— y cuyos casos asumiría en primera instancia la capital para derivar los recursos al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en La Coruña, fuentes consultadas se muestran convencidas de que «se articulará un organismo judicial en el resto de provincias para que asuma la mayoría de sus funciones».

Factores determinantes

Un planteamiento que, otras de las fuentes consultadas, opinan dejaría «sin sentido» la medida, convencidos de que la vuelta atrás del ministro «es poco probable». Si bien, donde unos ven la amenaza de que Gallardón inicie los trámites para la aprobación definitiva de la normativa por la vía de la urgencia, otros aún ven margen de maniobra para convencerle de la «necesidad de que los ciudadanos tengan físicamente esos juzgados para poder acudir». En este sentido, cabe recordar que la norma incluye la desaparición de los jueces de paz, pero no de los 270 juzgados.

Frente a los escépticos, hay quien cree que aún hay margen para modificar la normativaPablo Valeiras Ríos, portavoz de SOS Xustiza, se muestra muy crítico con que la reforma del Gobierno no tenga en cuenta factores como el nivel de litigiosidad, así como otros indicadores de carácter demográfico y socio-económico, en su opinión, determinantes a la hora de plantear una reorganización de la planta judicial.

Su argumento en este aspecto es coincidente con la Xunta de Galicia. Precisamente en las «particularidades» del territorio gallego se escudó el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en su defensa de una norma «más flexible» que contemple la coexistencia de siete tribunales de instancia. Y es que a este respecto la Comunidad clama a una sola voz y su posicionamiento es unánime.

Volumen de litigiosidad

Al igual que Santomé, Valeiras encuentra en los ejemplos la mejor manera de evidenciar el «grave error» que supondría para Galicia el reparto judicial propuesto y que, en la práctica, se traduce en que un vecino de A Veiga debe recorrer 143 kilómetros hasta la capital de Orense; uno de Fisterra tendrá 113 kilómetros de carretera hasta llegar al tribunal provincial de La Coruña; 107 separan Vila de Cruces de Pontevedra; y 110 Xove de Lugo. Un «despropósito» a su juicio. Y no son los casos más sangrantes, añade.

Los opositores al proyecto marcan en el volumen de litigiosidad la principal razón de su oposición, aunque no la única, ya que —alerta Santomé— «supondrá un encarecimiento del coste de la Justicia, por cuanto los funcionarios y profesionales en este ámbito tendremos que desplazarnos».

Infraestructuras judiciales

Si Vigo no se mantiene como cabecera habría que replantear la Ciudad de la Justicia Así, al desembolso que supondrá para los ciudadanos y los profesionales vinculados a la administración de la Justicia, habrá que sumar el coste derivado de la reestructuración del mapa judicial en materia de infraestructuras. En el caso concreto de Pontevedra, la ciudad tiene pendiente la construcción de una nueva infraestructura judicial, sin capacidad en la actualidad para asumir los casos de toda la provincia. En cuanto a Vigo, la Xunta se mantiene a la espera de la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento y poder dar luz verde al proyecto tras años de espera. Un nuevo edificio, la llamada «Ciudad de la Justicia», que se planteó con el objetivo de descongestionar a los juzgados, con 87.636 casos en 2012, pero que perdería total sentido sin la continuidad de los partidos judiciales en las siete ciudades gallegas.