Diálogo

El diálogo y la negociación constituyen dos de las prácticas que caracterizan el funcionamiento democrático de la sociedad. No obstante, en demasiadas ocasiones quienes por su responsabilidad tienen que impulsarlos optan por aplicar decisiones unilaterales que adquieren un efecto devastador entre los afectados.

Los empleados públicos han sufrido en sus condiciones laborales la pérdida de diálogo. Basta repasar medidas como la reducción de sus salarios un cinco por ciento, el recorte de la extra de Navidad de 2012, o, más específicamente en el ámbito valenciano, la rebaja en un 50 por ciento del complemento de sexenios en Educación o del de carrera y desarrollo profesional para el personal sanitario, además de la jornada para los interinos de Administración Autonómica. Todas son medidas decididas por imposición y sin escuchar a los afectados.

La situación ha comenzado a atenuarse cuando se ha recuperado el diálogo. En la Comunidad Valenciana esa negociación se ha llevado a cabo entre los sindicatos mayoritarios y el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, con un perfil más proclive a buscar puntos de encuentro que su antecesor en el cargo, José Manuel Vela, tristemente recordado por el decreto de recortes que lleva su apellido.

No obstante, en el conjunto de España ni el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, ni el secretario de estado responsable de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, demuestran la más mínima sensibilidad por practicar la debida negociación. Tanto, que imponen sus medidas a base de reales decretos y de modificaciones unilaterales del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Las convocatorias de la Mesa General de las Administraciones Públicas brillan por su ausencia e impiden el debate de asuntos que conciernen a dos millones y medio de empleados de las diferentes administraciones. Los sindicatos, hartos de ese rechazo al diálogo, preparan concentraciones de protesta para el 15 de julio que, en la práctica, constituirán el inicio de más movilizaciones a partir de septiembre. Todo ello encrespará más los ánimos y la indignación y se podría evitar con diálogo y negociación.