La asamblea de CGT acuerda presentar una demanda contra el ERE de RTVV

CGT fue el único de los seis sindicatos presentes en el comité de empresa de RTVV que votó en contra del acuerdo alcanzado con la empresa el pasado 23 de marzo sobre ese ERE, que contempla indemnizaciones de 35 días con un máximo de 30 mensualidades para los más de 1.600 trabajadores de la cadena pública.

El representante de CGT en RTVV Vicent Melo ha manifestado que la demanda colectiva se presentará antes del 15 de abril, fecha en que finaliza el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente a la firma del acuerdo para poder formalizar el recurso.

Ha argumentado la presentación de esa demanda colectiva en que no están de acuerdo con la justificación económica y de pérdida de personalidad jurídica alegadas por la empresa para el cierre de RTVV, y en que consideran que se "hicieron trampas" a la hora de aprobar la ley que suprime el servicio público de radio y televisión autonómica.

Además, ha explicado que no están de acuerdo con que dentro del ERE se haya incluido a gente que "no puede estar dentro del listado", ya que tendrían que haber causado baja en la empresa "hace bastante tiempo" pero RTVV los ha mantenido "no se sabe por qué", de manera que están "en fraude de ley".

Melo ha indicado que otro de los motivos que les lleva a presentar la demanda colectiva es que nos le ha "gustado" que no se haya asumido una cuestión "prioritaria" para este sindicato, y es que no se haya considerado "de manera diferente" a los trabajadores que tienen oposición respecto a los que no a la hora de aplicar el ERE.

La Generalitat destinará 86,1 millones de euros a este ERE de extinción, que según el acuerdo alcanzado con CCOO, Intersindical, USO, CSI·F y UGT contempla un primer pago del 60 por ciento de la indemnización, y el 40 por ciento restante en el primer trimestre de 2015.

El acuerdo contempla pagos lineales de entre 5.000 y 8.000 euros por trabajador en función del salario, 3.000 euros más para los trabajadores entre los 45 y 55 años, y la recolocación de 23 documentalistas en la Generalitat para hacerse cargo del archivo audiovisual.

En todos los casos, la suma de las cantidades no podrá ser superior a la indemnización correspondiente al despido improcedente, según lo pactado.