CiU quiere que el catalán sea «requisito imprescindible» para trabajar en Justicia

El grupo parlamentario de CiU ha presentado una proposición de ley para que la lengua catalana pase a ser un «requisito imprescindible» para todos los miembros de la administración de justicia establecidos en Cataluña.

Con esta iniciativa, informa la federación nacionalista por medio de una nota de prensa, se quiere «garantizar el derecho efectivo de su uso» ya que no se ha podido conseguir valorando «el conocimiento del idioma como un simple mérito».

En su proposición, CiU indica que a pesar de los «intentos» por articular soluciones a la pluralidad lingüística en los últimos años, «la administración de justicia ha sido poco permeable a la utilización de otras lenguas oficiales que no sean el castellano». La proposición de ley tiene como objeto, indican las mismas fuentes, una reforma que garantice el «derecho lingüístico» de los ciudadanos que utilizan los servicios de Justicia para recibirlos en catalán.

La federación nacionalista ha registrado esta proposición en el Parlamento de Cataluña para que se presente posteriormente en la Mesa del Congreso de los Diputados y a partir de allí se puedan modificarse dos leyes orgánicas: Ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la Ley 50/1981, que regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

En el primer de los casos, porque se necesita una nueva redacción «en los preceptos que hacen referencia al conocimiento y uso de lenguas oficiales por parte de los jueces, magistrados, secretarios judiciales y personal de administración de Justicia destinados a las comunidades autónomas con lengua propia», como sería el caso de Cataluña. En el segundo caso, la modificación afectaría la provisión de plazas en las fiscal ías con sede en comunidades autónomas con idioma cooficial, y también el artículo 36.6 de la citada ley —por el mismo motivo que el anterior— para que el conocimiento de la lengua propia de una comunidad autónoma sea requisito imprescindible.

La pretensión de CiU es que con estos cambios, los funcionarios y trabajadores públicos de la Justicia en Cataluña acrediten el dominio del idioma con el «principio de eficacia», y desarrollen su tarea «conociendo un hecho tan imprescindible y elemental como el idioma propio del territorio».