La Audiencia Nacional deja fuera del «caso Pretoria» al gerente de Santa Coloma
El juez Ruz ha ha decidido decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra Pascual Vela ante «la falta de indicios para mantener la imputación»
servimedia
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido archivar las actuaciones que se seguían contra el antiguo director de los servicios municipales de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Pascual Vela, quien se encontraba imputado desde el año 2009 en el marco del "caso ... Pretoria".
En esta causa estaban imputados una veintena de exaltos cargos y empresarios catalanes por su presunta participación en las actividades urbanísticas fraudulentas de los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. En los últimos meses se ha ido retirando la imputación a alguna de estas personas.
A Vela, que era director de servicios territoriales del Ayuntamiento de Santa Coloma, se le acusaba en base a las intervenciones telefónicas y declaraciones testificales de haber mantenido numerosos contactos con los también imputados Bartolomé Muñoz y Luis Andrés García para “buscar empresas a las que adjudicar proyectos de guarderías y residencias, incluso con anterioridad a la publicación oficial de tales obras”. También se sostenía que podría haber participado en el presunto fraude de lo Fondos Europeos por parte del Ayuntamiento.
El juez Ruz ha decidido decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se seguían contra Vela ante “la falta de indicios para mantener la imputación”. El magistrado de la Audiencia Nacional destaca en el auto hecho público hoy que los datos obtenidos de las intervenciones telefónicas “no han sido corroborados con otras pruebas que permitan concluir” que Vela se concertó con otros imputados “para favorecer adjudicaciones a terceros”.
Ruz subraya asimismo “la inexistencia de datos objetivos que puedan corroborar que efectivamente hubo un concierto entre Pascual Vela y el resto de los imputados para defraudar al ente público manipulando cualquier proceso de contratación”.
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