La Junta convocará 10 millones en ayudas al alquiler antes de que acabe 2015

Un total de diez millones de euros saldrán a convocatoria pública antes de que acabe el año destinados a ayudas para el pago del alquiler. El montante duplica la cantidad de cinco millones que ya había sido pactada en el marco del Diálogo Social para subvenciones a inquilinos en régimen de arrendamiento con arreglo a los recursos procedentes del Fondo de Facilidad Financiera de Montoro. Se suman ahora otros tantos que irán directos a las familias con menos recursos.

Hace apenas unas semanas, la Junta de Castilla y León resolvía la convocatoria de ayudas que a finales de 2014 había convocado para fomentar el alquiler en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda . 2.500 beneficiarios -el 15% de los solicitantes- de una hucha de casi tres millones, que se conocía que en breves fechas se rellenaría tras haberse pactado en primavera que parte de los fondos del plan Montoro fueran a parar a esta finalidad. Ayer, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, confirmó que esa convocatoria llegará antes de que acabe el año y lo hará con una segunda que en este caso atenderá a las rentas más bajas. Así, si hasta ahora los ingresos de los beneficiarios debían ser de entre 1,5 y 2 veces el IPREM , las nuevas subvenciones reservan cinco millones a aquellos hogares cuyos ingresos mensuales no superen este indicador público de renta, de 532 euros mensuales.

Para el año 2016 se destinarán a estas ayudas al alquiler 6,18 millones de euros , susceptibles de ser incrementados en función de acuerdos del Diálogo Social, según explicó ayer Suárez-Quiñones durante su comparecencia en las Cortes para dar cuenta de su proyecto de legislatura, en el que las políticas de vivienda son un eje fundamental de «sentido social».

En este área también figuran como reto la formalización del parque público de vivienda en alquiler con inmuebles de la Junta, ayuntamientos y en manos de entidades financieras y Sareb. A ello, se suma el compromiso de que en el primer año se apruebe la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León y que una norma regule la ordenación urbanística básica de 1.747 pequeños pueblos.

Otro de los principales pilares de la legislatura será el transporte. En este sentido, Suárez-Quiñones explicó que la trascendencia del momento radica en el vencimiento de los títulos concesionales vigentes de las rutas regulares de uso general, que se aprovechará para rediseñar la red pública, consolidar el sistema de transporte a la demanda como sistema ordinario en el mundo rural y generalizar el uso compartido integrando el general y escolar.

Dos ejes fundamentales, vivienda y transporte, que no dejaron indiferente a la oposición. Respecto al primero, desde la bancada socialista «agradecieron» el incremento de ayudas al alquiler que la formación había solicitado después del «fracaso» de las convocatorias anteriores. Al margen de esta propuesta, el portavoz de Fomento del PSOE en las Cortes, Celestino Rodríguez, lamentó que Suárez-Quiñones fuera el «consejero del humo».

Por su parte, Carlos Chávez, de Podemos, dijo que viajar en transporte público es una «odisea» en Castilla y León y extrañó una referencia al ferroviario, del que «ni ha hablado». También se echó en falta que junto a las propuestas de transporte no llegarán inversiones en las infraestructuras por las que ruedan, y en las que no se habrá nuevos kilómetros. En esta línea, se pronunciaron David Castaño, de Ciudadanos, quien recordó el aislamiento de Sori; y el procurador de UPL y portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Fomento, Luis Mariano Santos, quien, ante la falta de recursos, auguró una legislatura «poco ambiciosa».