Las ITV denuncian a la Junta por bajar un 20% las tarifas más altas de España

El 1 de enero, pasar la ITV en Castilla y León costará un veinte por ciento menos. O al menos, ese es el plan de la Junta de Castilla y León, que ha ordenado su abaratamiento para acortar distancias con respecto al resto del país, ya que la Comunidad es la más cara en la prestación de este servicio obligatorio para los coches y motos de más de cuatro años de antigüedad. Sin embargo, las concesionarias no están por la labor y han decidido llevar a los tribunales una reducción de tarifas acordada para equipararlas a las que estas mismas empresas cobran en otros territorios. Así, han denunciado al Ejecutivo autonómico por «incumplimiento» del contrato con las entidades al cambiar los costes y han reclamado paralizar la modificación antes de que entre en vigor. Si no hay orden judicial, desde la Consejería de Economía aseguran que se seguirá adelante.

La historia de esta guerra de precios dista de años atrás. Hace diez, la Comunidad superaba en un veinte por ciento la media española, y desde el año 2004 las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos en Castilla y León han seguido en aumento, hasta subir un 26% en una década. Por ello, en 2013, la Junta decidió mediar, congeló los costes por primera vez, lo haría de nuevo este año, y comenzó las negociaciones, que en los últimos meses se habían intensificado bajo la «firme» decisión del Ejecutivo de encauzar las diferencias geográficas. Finalmente, y sin acuerdo, la Consejería de Economía optó por la aprobación de un expediente administrativo para cambiar las condiciones y «ajustarlas a la coyuntura», y las empresas, por su parte, han cumplido la advertencia que lanzaron cuando se puso sobre la mesa la decisión de corregir el desfase: recurrir a la Justicia para frenarlo.

Si el pasado viernes se publicaba la orden de reducción de precios, ayer la Asociación de Empresas Concesionarias de ITV en Castilla y León anunció que Itevecasa, Atisae e Itevelesa, que gestionan las 41 estaciones regionales, han llevado el asunto al Tribunal Superior de Justicia por considerar la decisión «unilateral» y un «ejercicio abusivo y arbitrario de las potestades administrativas». Asimismo, las concesionarias han solicitado al TSJ como medida cautelar que se suspenda la orden que dicta la bajada de precios por «no ser conforme al derecho». Argumentan, además, que «cualquier modificación o expropiación de dicho derecho por parte de la administración debe necesariamente acompañarse de la debida compensación económica».

La rebaja se traduciría en diez millones de euros al año de ahorro para el conjunto de los conductores castellano y leoneses, según ha calculado la Junta en base a la reducción de un veinte por ciento de las tarifas. Aún así éstas seguirán siendo un seis por ciento más caras a lo que actualmente se cobra de media en las regiones limítrofes.

Las nueve comunidades que rodean a Castilla y León cuentan con tarifas más baratas. Entre ellas, Extremadura, donde se cumplen las mismas condiciones de escasa y dispersa población, que podrían encarecer el servicio, y la ITV cuesta un 56 por ciento menos que en la Comunidad en este 2014; o Cantabria, en la que opera la concesionaria mayoritaria de Castilla y León y cobra cinco euros menos por la inspección de un vehículo. Pese a estas diferencias entre estaciones, en el comunicado remitido ayer por las entidades que prestan el servicio y la Asociación que las acoge, se expone que «ningún modelo económico puede soportar» tal reducción. Si se sigue adelante, concluyen, «se estaría poniendo en riesgo la viabilidad económica de las entidades concesionarias, que emplean a 546 trabajadores en Castilla y León».

Tras conocer la denuncia de las concesionarias, el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, defendió, por su parte, la resolución aprobada, que, señaló, es una modificación «estudiada» ante el «desequilibrio» que, a su juicio, existía en el contrato de concesión. Algo, que recordó que se había dialogado con el sector, aunque finalmente se adoptó la rebaja de forma «unilateral».

Además, Villanueva explicó que la decisión de rebajar las tarifas a partir del 1 de enero sigue adelante salvo que haya un orden judicial que revoque la orden. «Entendemos que había un desequilibrio que hay que corregir, no es fácil comprender estos precios con unas instalaciones amortizadas», manifestó, tras lo que aseguró «respetar» cualquier iniciativa del sector, informa Ep.