El juez no ve delito de prevaricación en varios contratos menores de Economía

El Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid ha archivado provisionalmente la denuncia contra la Consejería de Economía de la Junta en la que se acusaba a nueve altos dirigentes de haber adjudicado directamente en 2010, sin licitación pública, diversos contratos, considerados por la consejería como menores.

La investigación del juez se ha iniciado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos, la mayoría de Valladolid y otros de León, en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa (18.000 euros) y, así, poder elegir a las empresas adjudicatarias sin licitación pública.

El juez considera en un auto que la denuncia del Consejo de Cuentas, en función de la Ley de Contratos del Sector Público, es correcta, pero no ve indicios suficientes en este caso para que exista un delito de prevaricación administrativa. Así, en el fallo se argumenta que «para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal...».

Al mismo tiempo, el juez asegura que con los datos actuales no se puede sostener que por parte de la Consejería ha habido una resolución a sabiendas radicalmente arbitraria y buscando un beneficio propio o de tercero.

Los contratos denunciados tenían relación con diversas actividades como asesoramiento de Cajas de Ahorro, XII Congreso de Economía, elecciones Cámaras de Comercio, Pasarela de la Moda de 2010, Premios Comercio Tradicional, Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales y Stand 76 Feria de Muestras.

Además, según se informa desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), el Juzgado ha constatado la coincidencia de designación de empresas adjudicatarias en varios de los contratos en distintos años, y para la misma actividad, sin necesidad de justificación, por el medio escogido. En cuanto a por qué se optó por contratos menores, desde el TSJ se indica que los nueve imputados han declarado casi de forma coincidente que «así se ha hecho siempre».