El «fracking» se cuela en Castilla y León
El fracking se está convirtiendo en una práctica habitual - abc
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El «fracking» se cuela en Castilla y León

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Castilla y León es una de las comunidades cuyo territorio presenta mayores indicios racionales de gas pizarra, lo que se ha traducido en una treintena de solicitudes para investigar las posibilidades de la fractura hidráulica. Ecologistas, agricultores y otros colectivos se oponen a esta técnica desarrollada en otros países como Estados Unidos y Canadá, pero que en España se encuentra todavía en fases muy iniciales.

La fractura hidráulica, o «fracking», es una técnica de extracción de gas o petróleo mediante la inyección de agua con aditivos químicos a gran profundidad. Se trata de explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente arcillosas, para lo que se instalan una serie de pozos a través de los que se inyecta el agua en la roca. Aunque esta técnica lleva más de una década desarrollándose en países como EE.UU. o Canadá, en España se encuentra en una fase muy inicial. De hecho, todavía no se ha autorizado ningún trabajo que implique la utilización de la fractura hidráulica, aunque existen ya permisos de investigación cuyo desarrollo no es previsible hasta dentro de varios años. Castilla y León acumula una gran parte de los proyectos de investigación solicitados. Distintas empresas han presentado hasta una treintena de permisos aunque, en la mayoría de los casos, no han pasado de ahí.

El presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España, Luis Suárez, considera que el interés de las empresas por la región radica en que se trata de una de las comunidades con mayores «indicios racionales» de la existencia de gas y petróleo. A partir de ahí se encargan los estudios oportunos y no siempre se confirma la existencia de material suficiente que compense la inversión a realizar.

En este sentido, la empresa BNK-Trofagas llegó a solicitar una docena de permisos de investigación en distintas provincias de la comunidad pero finalmente solo continúa adelante con tres de ellos tras haber realizado una serie de estudios técnicos preliminares que indicaban que el resto de zonas no tienen un potencial geológico que a día de hoy justifique la realización de sondeos exploratorios.

Burgos, el 18% de España

En estos momentos, esta empresa tiene tres permisos enmarcados en la Cuenca Vasco Cantábrica considerada el dominio geológico de España con mayor potencial objetivo de gas pizarra. Según el estudio presentado por la consultora Gessal, el norte de Burgos podría contener hasta el 18% del gas pizarra existente en España, equivalente al consumo del país durante casi 10 años y cuyo valor a precio de mercado actual sería de aproximadamente 100.000 millones de euros, lo que supone el 10% del PIB español.

BNK calcula que para estos tres permisos, denominados Sedano, Urraca y Rojas, será necesaria una inversión de 250 millones de euros, sólo para la fase de exploración, que durará unos 5 años. A partir de ahí, si los resultados de estos sondeos exploratorios son positivos y se pudiera pasar a la fase de producción, las inversiones se multiplicarían exponencialmente y se crearían miles de puestos de trabajo.

Mientras desde las empresas se defiende la seguridad de esta técnica, basándose en los resultados obtenidos en otros países como EE.UU., grupos ecologistas, agricultores, agrupaciones locales y otros colectivos se han unido contra su desarrollo y alertan contra los peligros de inyectar sustancias químicas en el subsuelo. Convocadas por plataformas contra el «fracking» de toda España, más de 2.000 personas se manifestaron en Burgos este mismo mes de mayo.

Gran consumo de agua

Denuncian el impacto ambiental de la fractura hidráulica que, entre otras cosas, consume enormes cantidades de agua, que calculan entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de líquido para las operaciones de un solo pozo, lo que podría causar problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos de la zona, y alertan sobre los peligros ambientales asociados a los productos químicos que se añaden para fracturar la roca y que las empresas niegan.

Quienes se oponen a esta técnica señalan que entre un 15 y un 80 por ciento del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno, y el resto se queda bajo tierra, de modo que no se puede descartar una posible contaminación de los acuíferos subterráneos y de las aguas superficiales que llegan a los municipios ubicados en el entorno.

Entre unos y otros, el presidente del Colegio Oficial de Geólogos de España, Luis Suárez, huye de «posiciones maximalistas» y, lejos de defender o criticar la fractura hidráulica, apela al estricto cumplimiento de las necesarias declaraciones de impacto ambiental para cada una de sus fases de desarrollo. Ante la polémica surgida con esta técnica, este colegio llegó a emitir un comunicado oficial en febrero en el que apela a los «principios de cautela y de acción preventiva» mediante una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental para evitar cualquier tipo de afección a las personas, a los bienes y al medio ambiente. En este sentido, solicita que en los proyectos de investigación y explotación, de forma clara y específica, se realicen por un equipo de técnicos especialistas en el medio natural e insta a los poderes públicos a que regulen adecuadamente el empleo de estas tecnologías para evitar que afecten a la salud humana, los bienes y al medio ambiente, particularmente, a los acuíferos.