panorama
Regeneración democrática
El plan aprobado en el Congreso se ha quedado en algo así como la mitad de lo que la mayoría de los ciudadanos esperábamos
Existe la sensación, bastante generalizada por cierto, de que el tan cacareado Plan Integral de Regeneración Democrática que el Gobierno de España presentó hace unos días en el Congreso de los Diputados y que recibió el visto bueno de la Comisión Constitucional de dicha cámara, se ha quedado en algo así como la mitad de lo que la mayoría de los ciudadanos esperábamos.
Y, además, su debate y votación en comisión nos dejó ciertas dudas. Sobre todo dos que resultan un tanto sorprendentes. Por un lado, que entre la mayoría de los parlamentarios de la oposición hubiesen surgido algunas dudas acerca de si por parte del Partido Popular (PP) había o no voluntad de llegar a acuerdos en esta materia.
Y por otro, y esta es la parte más extraña, que esta norma haya sido aprobada con los votos del PP y Convergencia i Unió (CIU), después de que los populares tuviesen que aceptar una enmienda del grupo catalán para garantizar que la ley solo fuese de aplicación en la Administración General del Estado y no en la de las comunidades autónomas.
Y si es así, si como establece nuestra Constitución las comunidades autónomas tienen competencias en esta materia y, por tanto, pueden tener sus propias leyes de transparencia, ¿por qué CIU, teniendo ese privilegio constitucional, planteó esa especie de “chantaje” a la hora de dar su apoyo a esta norma?.
Debe ser que CIU, una vez más, nos ha querido dejar constancia de su falta de respeto a nuestra Carta Magna. Y si la mayoría de las comunidades autónomas tienen sus propias leyes de transparencia, como es el caso de Canarias, ¿por qué los partidos nacionalistas no prestaron su apoyo a una norma de exclusiva aplicación nacional, que ni les iba ni les venía?.
Y, por último, ¿por qué Ana Oramas, representante de CC en esa comisión, no le dio su visto bueno al documento, a pesar de declarar a posteriori que con él se lograba un “avance importante” y que las cosas que no se incluían en el mencionado documento, no ofrecían argumentos para no apoyarlo?. No sé si algún día obtendremos respuestas a nuestras dudas. Lo dudo.
Y ya que hablamos de esas “cosas” que no fueron incluidas en el documento, nos vienen a la memoria algunas medidas que pensábamos iban a aparecer en él, convencidos de que su aplicación tendría que ser de obligado cumplimiento para la Administración del Estado y también, y sobre todo, para las administraciones locales y autonómicas.
Y me refiero, por ejemplo, a la regulación de los indultos; a la limitación de mandatos en la Presidencia del Gobierno; al endurecimiento de las incompatibilidades; a la obligación de los altos cargos de cesar cuando sean llamados a declarar en un juicio oral como imputados y no esperar hasta que sean condenados; a que los altos cargos sólo puedan viajar en clase turista, no cobren dietas y no puedan tener un sueldo mayor al del presidente del Gobierno… En fin que, siento mucho decirlo, pero esta no es la ley que nos habían anunciado como un avance en la transparencia que tanto reclama la sociedad.
No entendemos, y además nos produce cierta decepción, comprobar cómo el PP, que cuenta con los escaños suficientes para aprobar por mayoría absoluta una norma de esta naturaleza y demostrarnos así que, de verdad, tiene capacidad legislativa contra la corrupción, no haya puesto en este asunto la energía que se necesita.
Precisamente en este momento en el que la sociedad ha perdido la confianza en la clase política y en la mayoría de las instituciones y que por el horizonte se vislumbra la llegada de unas elecciones autonómicas y locales que, en mi opinión, y por todas esas circunstancias a las que me he referido, se convertirán en las más importantes de nuestra democracia.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete