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Los vecinos de Cho Vito denuncian la demolición porque no había orden judicial

Los vecinos ya han abandonado la huelga de hambre y se encuentran en el salón de plenos del Ayuntamiento

Día 16/11/2012 - 17.56h
EFE/Cristóbal García

Los vecinos afectados por la demolición de nueve viviendas en el poblado marinero de Cho Vito, en Candelaria, por encontrarse en el dominio público, han denunciado los derribos ante la Guardia Civil porque se han ejecutado sin orden judicial. Estas denuncias han sido confirmadas a Europa Press por uno de sus portavoces, Antonio Alonso.

Las denuncias van dirigidas contra la responsable de la Demarcación de Costas encargada de gestionar el expediente de Cho Vito y contra el jefe del operativo de la Guardia Civil. Los vecinos ya han dejado la huelga de hambre y se encuentran en el salón de plenos del Ayuntamiento de Candelaria. «De aquí no nos movemos hasta que haya una solución, y si hay que acampar, se acampa», afirma Alonso.

Esta mañana, a las 7:00 horas, agentes de la Guardia Civil comenzaron a desalojar a los vecinos antes de que comenzase la actuación de las palas mecánicas. Entonces, otro portavoz de los vecinos, Tomás González, que criticó tanto a PSOE, como a PP, Coalición Canaria, Izquierda Unida y Alternativa por los hechos, aseguró que no se habían agotado todas las vías y anunció que habían presentado recursos judiciales porque la Justicia, «aunque lenta, funciona maravillosamente bien».

González aseguró, también, que la decisión de derribar las viviendas ha sido política y ha insistido en que no han recibido propuestas alternativas, si bien ha admitido que hubo una, pero para cuatro de las nueve familias.

Estas casas han sido derribadas en aplicación de la Ley de Costas. Los primeros derribos de Cho Vito se llevaron a cabo en 2008 y entonces se permitió que continuasen ocupadas nueve casas, que eran la primera vivienda de sus inquilinos.

Algunos vecinos han tratado de impedir la actuación de los agentes y han coreado consignas como «¡Queremos ver la orden judicial!», «¡Estos son los cachorros del PP!» y «¡La casa del alcalde es ilegal!».

En declaraciones a Televisión Canaria, una de las afectadas, Montserrat, ha reconocido que esta jornada «es muy dura» pero ha apuntado que «la lucha sigue» y que van a seguir reclamando una vivienda en propiedad, por lo que no aceptan la oferta de alquiler que les ha ofrecido el Ayuntamiento.

Otro, Miguel, se ha confesado «destrozado» porque pierde «su casa» y se va a vivir con un amigo durante unos días «pero no será lo mismo».

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