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POLÍTICA

Los políticos se blindan el derecho a vetar periodistas en las contratas de la TV aragonesa

El ente del Gobierno aragonés lo recoge como condición en el contrato de producción de espacios informativos, al que ha tenido acceso ABC

Los políticos se blindan el derecho a vetar periodistas en las contratas de la TV aragonesa fabián simón

R. PÉREZ

El Gobierno aragonés ha blindado por contrato un derecho de veto sobre los profesionales que aspiren a trabajar en empresas subcontratadas por la televisión autonómica para elaborar los contenidos de programas informativos, que abarca no solo a los noticiarios sino también otros relacionados con la actualidad, como es el caso de debates.

Desde que se puso en marcha la radiotelevisión autonómica aragoneas, hace diez años, los sucesivos gobiernos regionales –primero el PSOE-PAR y luego el PP-PAR, presidido por Luisa Fernanda Rudi y ahora en funciones– han insistido en defender la independencia de este ente y su pluralidad.

A la par, han defendido como uno de los elementos de esa «independencia» y de eficacia en la gestión económica que los programas de información fueran realizados no por una plantilla propia del ente sino a través de subcontratas con productoras.

La realidad, sin embargo, es que no solo existe una vinculación jerárquica entre el gobierno de turno y las subcontratas sino que incluso se recoge en las claúsulas de esos contratos de adjudicación.

Así lo recoge, por ejemplo, el último contrato adjudicado al efecto por la televisión pública aragonesa, que fue otorgado el 7 de mayo, un par de semanas antes de que se celebraran las elecciones autonómicas.

En las condiciones de adjudicación se incluyen expresamente no solo la supeditación de los contenidos informativos a las dierctrices de los directivos de la cadena –cargos que son de designación política– sino que incluso reserva a esos directivos de nombramiento político un derecho de veto sobre los profesionales de esas subcontratas. De esta forma, es el poder político el que determina si acepta o no a quienes aspiren a trabajar en la productora que elabora esos programas, incluso aunque lo hagan como autónomos colaboradores.

Así, se establece literalmente que «el adjudicatario comunicará a TVAA (Televisión Autonómica de Aragón) los perfiles de presentadores, reporteros, colaboradores y otras figuras que participarán ante las cámaras en los programas de la cadena». Y, añade, «TVAA se reserva el derecho de autorizar o no la idoneidad de dichos perfiles» , es decir, no solo de profesionales contratados por esas productoras sino incluso los autónomos a los que recurra como colaboradores.

Tres contratos, 18,5 millones al año

El pasado 7 de mayo se adjudicaron los nuevos contratos que componen el grueso de la producción de programas en la televisión pública aragonesa, que recayeron en las empresas que ya los venían disfrutando en años anteriores. Se han adjudicado para los próximos dos años, prorrogables por dos años y medio más, por un importe total que suma 18,52 millones de euros anuales .

Al igual que ocurriera , cuando fue el Gobierno saliente del PSOE el que adjudicó esos contratos en víspera de las elecciones autonómicas, estas nuevas adjudicaciones dejan selladas esas adjudicaciones para la nueva legislatura, con Ejecutivo regional que previsiblemente será presidido por el socialista Javier Lambán con el apoyo de Podemos .

El contrato para elaborar los informativos –que incluye ese derecho de veto político sobre los profesionales de la subcontrata– asciende a 7,39 millones de euros y ha sido adjudicado a la productora Chip Audiovisual. Pertenece al grupo Heraldo, que también es propietario de la productora Factoría Plural, a la que se ha adjudicado otro contrato para elaboración de programas diversos por importe de 8,26 millones de euros al año. El tercer contrato adjudicado el 7 de mayo fue otro paquete de producción de programas, en este caso a Mediapro –del catalán Jaume Roures–, po run importe de 2,87 millones de euros anuales.

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