Juan Alberto Belloch (derecha), junto a su teniente de alcalde y nuevo cabeza de lista para las elecciones de mayo, Carlos Pérez Anadón
Juan Alberto Belloch (derecha), junto a su teniente de alcalde y nuevo cabeza de lista para las elecciones de mayo, Carlos Pérez Anadón - fabián simón
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El PSOE ocultó un agujero de 337 millones en las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza

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Los documentos contables del Ayuntamiento de Zaragoza del año 2011 incurrieron en «notables debilidades en los sistemas de control interno del Ayuntamiento de Zaragoza, en la elaboración de la Cuenta General, así como en el registro y seguimiento de la actividad económica y financiera». Es la suave forma con la que la Cámara de Cuentas de Aragón reconoce que esos documentos contables eran irreales, bien porque fueron maquilladas a conciencia, bien porque hubo errores de un calibre incomprensible para una institución de la dimensión del Ayuntamiento de Zaragoza. El caso es que se ocultó un agujero de 337 millones de euros en las arcas municipales al acabar 2011.

El informe definitivo de fiscalización, que se acaba de hacer público, reprocha al Consistorio no haber computado gastos, haber dejado un buen número de facturas sin contabilizar, no reconocer pagos que debía hacer por tenerlos ya comprometidos, y haber «infravalorado» el agujero económico con el que el Ayuntamiento de Zaragoza cerró aquel año.

El gobierno municipal presidido por el socialista Juan Alberto Belloch declaró, al finalizar 2011, que la institución municipal tenía compromisos pendientes de pago por valor de 1.244,74 millones de euros, cuando en realidad la cifra era muy superior: 244,41 millones más de los que había declarado en su documentación económica oficial.

Al acabar 2011 —último ejercicio municipal de Zaragoza fiscalizado por la Cámara de Cuentas— el agujero del Ayuntamiento ascendió a 344,6 millones de euros, cuando el informe oficial presentado pro el gobierno de Belloch hablaba únicamente de siete. Es decir, ocultó un agujero e 337 millones en el remanente de tesorería. Éste se calcula sumando el dinero que tiene el Ayuntamiento más los derechos pendientes de cobro, y restándole a ello las obligaciones pendientes de pago.

Deudas «no afloradas»

Los documentos contables ignoraron obligaciones de pago. No las «afloraron», según dice la Cámara de Cuentas. Un caso notorio y notable fueron las obras del tranvía. Según el órgano fiscalizador, el Ayuntamiento no declaró una deuda pendiente de pago de 181 millones de euros por la construcción del tranvía, proyecto estrella de los socialistas en Zaragoza que ha generado una hipoteca de cientos de millones de euros que la ciudad tendrá que pagar durante décadas —cada centímetro de raíles salen a 500 euros—.

También se han detectado «gastos no contabilizados» por importe de 21,12 millones de euros. Es decir, facturas que quedaron en los cajones, que no se incluyeron en la contabilidad, pero que engrosaban las obligaciones de pago que había contraído en realidad el Ayuntamiento.

Demasiadas subvenciones a dedo

El informe de la Cámara de Cuentas ha detectado igualmente anomalías en otras áreas de gestión. Por ejemplo, en la concesión de multimillonarias subvenciones. Prácticamente la mitad de todas las que concedió aquel año el Ayuntamiento las dio de forma directa, a dedo, sin seguir un procedimiento de concurrencia competitiva en la que pudieran optar abiertamente distintos candidatos y se repartiera el dinero atendiendo a los méritos de los aspirantes.

La ley permite la concesión de subvenciones directas, pero es una fórmula que tipifica como «excepcional». En el Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, se convirtió en habitual. Además, según la Cámara de Cuentas, esas ayudas se dieron a dedo sin justificar adecuadamente los motivos.

Contratos bajo sospecha

En las adjudicaciones de contratos municipales de obras y servicios también se produjeron anomalías de relevancia. El informe de fiscalización que se hizo público ayer destaca que parte de esos contratos se adjudicaron siguiendo unos criterios que no habían sido detallados en los pliegos de licitación. Eso daba un margen de maniobra amplio para la discrecionalidad a la hora de adjudicar los contratos. La Cámara de Cuentas considera probado que se incurrió de esta forma en anomalías que atentaron contra la exigible «seguridad jurídica» de los licitadores.