TRIBUNALES
El Real Zaragoza puede acabar embargado por un caso de corrupción que implica al PSOE
El accionista mayoritario es uno de los tres imputados en el «caso Codesport», para los que se ha fijado una fianza civil de 18,8 millones de euros
El Real Zaragoza puede acabar embargado por un caso de corrupción que afecta al PSOE aragonés, los sospechosos manejos de fondos públicos que camparon en la empresa pública Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) en la etapa en la que al frente del Gobierno regional estaba el actual portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias.
El dueño del Real Zaragoza es el constructor Agapito Iglesias. Es el accionista mayoritario de este histórico club que lleva años en crisis, deportiva y económica. Descendió a la segunda división del fútbol español el año pasado y en los últimos años ha tenido que sortear un concurso de acreedores por su precaria situación económica.
El empresario Agapito Iglesias mantuvo una estrecha relación con el anterior Gobierno regional que presidía Marcelino Iglesias -pese a la coincidencia de apellidos no existe entre ambos el más mínimo vínculo familiar-. El grupo constructor del dueño del Real Zaragoza se vio beneficiado por una larga lista de adjudicaciones de obra pública desde el Gobierno autónomo.
Varios de esos negocios se establecieron a través de la empresa pública Plaza, investigada por corrupción. Hay varias causas judiciales abiertas, y en varias figura el nombre de Agapito Iglesias.
Una de ellas es el denominado «caso Codesport», nombre de la constructora de Agapito Iglesias a la que Plaza S.A. adjudicó la construcción de naves en la Plataforma Logística. El contrato se firmó por 14,5 millones de euros, pero se le acabaron pagando algo más de 32 millones. El desfase no estuvo justificado, aunque se amañó con supuestos modificados de obras y revisiones de precios que. Según el informe pericial encargado por el juez instructor, de esos 17,5 millones de desfase solo estarían realmente justificados 3,5 millones.
Es decir, los otros 14 millones de fondos públicos se «volatilizaron», y el juez considera que hay «suficientes indicios de criminalidad». Cree que hay fundadas sospechas de que fue una operación trabada entre el exviceconsejero del Gobierno aragonés Carlos Esco, hombre de confianza que Marcelino Iglesias colocó al frente de Plaza S.A. como consejero delegado; el constructor Agapito Iglesias; y el exgerente de Plaza S.A., Ricardo García Becerril, este último, a su vez, imputado por otra de las causas de corrupción que investiga la justicia en esa empresa pública, por el supuesto saqueo de 50 millones de euros a través de un entramado de facturas falsas y desvío de fondos mediante subcontrataciones.
Fianza por responsabilidad civil
El juez del «caso Codesport» ha fijado para el socialista Esco, el empresario Agapito Iglesias y García Becerril una fianza por responsabilidad civil de 18,85 millones de euros. Deberán hacer frente a ella «conjunta y solidariamente», cada uno en la porción que pueda aportar o, en su defecto, se les embargará judicialmente a cada uno todo aquello que en cada caso se les pueda embargar hasta alcanzar esa fianza.
La vía del embargo planea en firme, más aún teniendo en cuenta que García Becerril ya tiene intervenidos judicialmente sus bienes por el otro caso de corrupción en el que está implicado. Queda por ver los bienes que aflora el socialista Esco -marido de la diputada regional Eva Almunia, que encabezó la lista del PSOE al Gobierno aragonés en las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2011 y que fue secretaria de Estado de Educación en el Gobierno de Zapatero-.
De los tres imputados, el que a priori cuenta con mayor patrimonio susceptible de embargo es Agapito Iglesias, a través de su entramado empresarial en el que se incluye el Real Zaragoza. De ahí que el histórico club aparezca potencialmente como objeto de embargo judicial por esta causa.
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