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DEFENSA

La contratista del Yak-42 aún no ha pagado las indemnizaciones por el accidente de 2003

La empresa alemana Chapman Freeborn presenta un nuevo recurso ante la amenaza de embargo por impago

La contratista del Yak-42 aún no ha pagado las indemnizaciones por el accidente de 2003 afp

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En mayo de 2003, 62 militares españoles perdían la vida en Turquía al estrellarse el avión Yak-42 en el que regresaban a España tras participar en una misión internacional en Afganistán. La batalla legal para dirimir responsabilidades se dilató durante años, y hasta el año pasado no hubo sentencia firme sobre las indemnizaciones, cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta previamente por la Audiencia Provincial de Zaragoza a la empresa que contrató el avión ucraniano, la alemana Chapman Freeborn. Le obligó a abonar 6,2 millones de euros a los familiares de las víctimas por responsabilidad civil. Las familias de los fallecidos reclamaban en su conjunto unos 60 millones de euros de indemnización.

Sin embargo, la compañía aún no ha cumplido con el pago. Ahora se le trata de forzar con una ejecución de embargo desde un juzgado alemán, pero Chapman Freeborn ha presentado un nuevo recurso para demorar el abono de las indemnizaciones. La empresa germana alega que se le condenó en un «juicio político», según informa el rotativo aragonés Heraldo.

No parece que vaya a surtir efecto práctico esta nueva estrategia legal de Chapman, aunque con seguridad demorará durante varios meses más el pago de las indemnizaciones, parte de las cuales fueron adelantadas por el Estado español.

Tras varios años de espera, la Audiencia de Zaragoza sentenció contra las empresas que participaron en la contratación de este vuelo civil por parte del Ministerio de Defensa. Sin embargo, Chapman Freeborn trató de demorar la ejecución de la sentencia presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, que en 2012 ratificó la indemnización impuesta por la Audiencia de Zaragoza.

Tras esa decisión del Supremo, la empresa alemana lo intentó ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo que tampoco les fue admitido.

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