La Audiencia Nacional reabre el caso por la masacre del Hotel Corona más de 30 años después

La Audiencia Nacional ha reabierto el caso por el incendio del Hotel Corona de Aragón, una tragedia ocurrida hace casi 34 años en la que murieron 78 personas y otras 114 resultaron heridas. Ha sido un caso oscuro durante décadas. Las víctimas y sus familiares vieron cómo estos hechos fueron rápidamente archivados por los juzgados zaragozanos de lo Penal, con el escueto argumento de que no había autor conocido. La investigación tampoco aportó datos consistentes que esclarecieran lo ocurrido, pero la sombra del atentado terrorista planeó desde el primero momento, y entre las víctimas ha cundido la idea de que no hubo voluntad oficial por que se supiera la verdad, en un momento especialmente delicado, en plena Transición y con el terrorismo como amenaza a la consolidación de la democracia.

Curiosamente, a efectos administrativos y legales sí que lograron ser reconocidas como víctimas del terrorismo. Eso sí, tuvieron que esperar 12 años para ello, y no porque lo dijera un juzgado sino porque en 1990 el Consejo de Estado lo reconoció con un dictamen que daba por hecho, ante diversos indicios, que lo ocurrido en este hotel zaragozano el 12 de julio de 1979 había sido una acción terrorista. Diez años después, en 2000, el Ministerio del Interior obraba en consecuencia y catalogaba formalmente la masacre del Corona de Aragón como atentado. Y en 2009, una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, a partir de diversos informes periciales, ratificaba que efectivamente había sido un acto terrorista.

Pero, casi 34 años después sigue sin haber una sentencia penal que haya investigado lo ocurrido para arrojar luz sobre lo que sucedió aquel día y para dar con los autores. Pero las víctimas se han resistido a que el caso caiga en el olvido. Las familias de cuatro de ellas, representadas por el abogado Pedro Cerracín, solicitó en mayo del año pasado a la Audiencia Nacional que reabrira el caso. Y tras meses de gestiones previas, el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha decidido reabrirlo.

Según ha explicado a ABC el letrado Pedro Cerracín, el juez Fernando Andreu lo ha hecho con una escueta pero relevante resolución, en la que pide a la Policía que desempolve archivos de más de 30 años y revele datos sobre las investigaciones que se hicieron entonces. En concreto, que digan si ETA reivindicó el atentado.

«Me han llamado víctimas y familiares de toda España emocionadísimos tras conocer el paso que ha dado la Audiencia Nacional -ha explicado Cerracín-, porque por primera vez son iguales al resto de víctimas del terrorismo y el caso va a la Audiencia Nacional como un hecho terrorista». «A partir de aquí vamos a tirar del hilo. Fácil no va a ser, pero vamos a intentarlo por todos los medios». «Es un hecho histórico y las víctimas y sus familias, y en realidad todo el pueblo español, tiene derecho a saber la verdad de lo que ocurrió», ha declarado a ABC este abogado.