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Estados Unidos

Trump deroga el programa que protegía a 800.000 jóvenes indocumentados de la deportación

El fiscal general de EE.UU. anuncia el fin del plan DACA, promulgado por Barack Obama. La suspensión se hará efectiva dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa

Una mujer cuelga una pancarta en la pared entre México y Estados Unidos durante una protesta contra el fin del programa DACA en Playas de Tijuana, Baja California REUTERS

MANUEL ERICE

Donald Trump prosigue con el desmantelamiento del legado de Obama, el mensaje que mejor entiende el núcleo duro del electorado que le aupó a la Casa Blanca. El presidente consumó ayer la decisión de suprimir el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) , la protección legal que su antecesor decretó en 2012 para los 780.000 dreamers, los indocumentados que entraron en el país con menos de 16 años. Un paso más en el endurecimiento de la política de inmigración que anunció en la campaña electoral y que sus fieles le recuerdan siempre que tienen ocasión. Entre atender al cálculo político y responder a su confesado «gran corazón», Trump ha optado por la primera opción. Pese a ello, deja una ventana abierta de seis meses para que el Congreso apruebe una ley que ampare a los nuevos desamparados. En su nombre, durante el anuncio formal de la decisión, el Fiscal General, Jeff Sessions , fue el encargado de enviar la máxima populista que responde a su decisión: «DACA supuso negar trabajo a miles de americanos».

Una interpretación que no es compartida por las cuatrocientas principales compañías estadounidenses, que han remitido una carta a la Casa Blanca y al Congreso con estos números: el 72% de las grandes empresas albergan a «dreamers» entre sus empleados, la economía nacional perdería 460.000 millones de Producto Interior Bruto si todos ellos fueran deportados y el 97% de los afectados por la supresión del programa están trabajando o estudiando , lo que aleja la idea de que supongan un problema para la seguridad del país.

Aunque el Fiscal General no se refirió a los dreamers en términos negativos. «No hay nada contra ellos«, afirmó. Sessions justificó la decisión de eliminar el DACA en «la necesidad de restablecer la legalidad», arguyendo que Obama se había extralimitado en sus funciones e invadido el ámbito legislativo del Congreso, hasta la «inconstitucionalidad», cuando firmó la orden ejecutiva de protección a los «dreamers».

La decisión de Trump provocó ayer una batería de críticas, incluso de un sector de los hispanos que le respaldaron durante la campaña, que le acusa de «mentir» y le recuerda esta frase del presidente como un brindis al sol: «Me encantan los dreamers». El presidente de la Cámara de Comercio Hispana, Javier Palomarez, dimitió ayer de uno de los consejos asesores de Trump. La Conferencia Episcopal estadounidense se sumó al rechazo. Las protestas se extendieron por el país.

El desafío ahora se encuentra en manos del Congreso, con seis meses de plazo como Espada de Damocles ante una posible ola de deportaciones masivas. Conocido el apoyo demócrata a una ley de protección, la mayoría republicana se encuentra dividida. El presidente del legislativo, Paul Ryan , respaldó la decisión de Trump, pero apeló a agilizar la búsqueda de un «consenso» para legalizar la situación de los dreamers. Senadores como John McCain criticaron el «error» del presidente.

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