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El Reino Unido dice ahora que la libre circulación acabará en 2019

La ministra del Interior británica anuncia que se ha encargado un informe para conocer los beneficios y perjuicios deb los inmigrantes comunitarios

La primera ministra británica, Theresa May REUTERS
Luis Ventoso

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La coordinación y las ideas claras no son los signos distintivos del Gobierno británico ante el Brexit. La confusión es grande y la estrategia, voluble y farragosa. La semana pasada varios ministros, incluido el conspicuo eurófobo Michael Gove , concordaron en que tras la salida de la Unión Europea, prevista para la primavera de 2019, se establecerá un periodo de transición, permitiendo la libre circulación de ciudadanos comunitarios entre dos y cinco años más para no estrangular a las empresas británicas que los necesitan. Sin embargo el secretario de Estado de Inmigración, Brandon Lewis , lo desmintió ayer tajantemente: «Quiero ser muy claro, el libre movimiento de trabajadores se acabará cuando dejemos la Unión Europea durante la primavera de 2019».

En paralelo, la ministra del Interior, Amber Rudd , anuncia que se ha encargado un informe para conocer al detalle los beneficios y perjuicios para el Reino Unido de los inmigrantes comunitarios. El control de la inmigración que llega de la Unión Europea fue una de las banderas estrellas de la triunfal campaña del «Leave», que veces la agitó con tintes xenófobos. Pero ahora el propio Gobierno viene a reconocer que se tocaba de oídas y que en realidad nadie ha estudiado la aportación de los comunitarios y lo que cuestan a las arcas públicas británicas.

Promesa electoral

El secretario de Estado de Inmigración, que ahora anuncia ese Brexit tajante, con corte total de la llegada de comunitarios en marzo de 2019 , hizo en su día campaña a favor de la UE en el referéndum. Ahora asegura que es posible cumplir la promesa electoral del Partido Conservador de reducir la llegada neta de inmigrantes desde los 248.000 actuales a solo cien mil, aunque no explica cómo.

La patronal británica, la CBI (Confederation of British Industry´s), ha pedido una y otra vez al Gobierno que no restrinja drásticamente la llegada de comunitarios, pues son vitales para sostener sectores como la agricultura, hostelería y sanidad. Los empresarios creen que un corte brusco en el año 2019 situaría a los negocios «al borde de un precipicio». La semana pasada la primera ministra, Theresa May, los recibió en el Número 10 y pareció darles la razón. Pero ahora un miembro de su Gobierno ha dicho todo lo contrario.

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