Polonia pone a trabajar a los reclusos

El nuevo Gobierno de Polonia considera que los delincuentes que cumplen penas de prisión viven demasiado bien. Ese es el planteamiento sobre el que se levanta la propuesta que el Ministerio de Justicia de Varsovia presentará en enero y cuyo contenido ha adelantado la emisora RMF. La reforma de la ley penitenciaria en ciernes incluye menos horas de tiempo libre en las celdas, menos aparatos de televisión a disposición de los reclusos y, sobre todo, la obligación de los presos de trabajar para el Estado que paga su manutención.

El gobierno de la conservadora Beata Szydlo pretende que más de la mitad de la población carcelaria, todos aquellos que se encuentren en condiciones de trabajar, dediquen parte de su jornada a trabajos en la construcción de carreteras y obras públicas, tareas de limpieza y restauración de inmuebles estatales. Se trataría de trabajos obligatorios que el recluso no puede seleccionar ni rechazar. La reforma añade otras labores sociales como la asistencia a enfermos, discapacitados y ancianos, de modo que el tiempo que los reclusos pasen en la cárcel sirva a la comunidad y muy especialmente a los más desfavorecidos.

Además, esta reforma del régimen penitenciario incluye más restricciones al derecho de los presos a mantener periódicos encuentros íntimos con sus parejas, que quedarían incluso eliminados para los condenados por delitos más graves.

El proyecto se enmarca en la línea de «regeneración de la vida pública» que ha abordado el nuevo gobierno, elegido el pasado 25 de octubre con mayoría absoluta y que ha causado ya bastante revuelo con medidas como la retirada de la bandera europea de oficinas del gobierno y con una reforma del Tribunal Constitucional que parece encaminada a su control. El partido nacionalista-conservador Ley y Justicia (PiS) se dispone también a repartir medicinas gratis a los jubilados, reducir la edad de jubilación y despedir a los periodistas de las cadenas de televisión públicas «que no hagan bien su trabajo», además de denegar la financiación pública a las obras de arte, cine y teatro que sobrepasen «los límites de lo moral».