El Gobierno de Erdogan retira la licencia a 21.000 profesores de instituciones privadas

Se ha conocido además la destitución de Galip Mendi, el comandante en jefe de la Gendarmería turca.

El Consejo turco de Educación Superior ha exigido este martes la renuncia de 1.577 decanos en universidades de todo el país. Mientras esas renuncias llegan, las medidas continúan. El Ministerio del Interior apartó de sus funciones ayer a 15.200 miembros de su personal. Y el sector privado tampoco se libra. A 21.000 profesores se les ha retirado la licencia necesaria para poder ejercer la profesión. Los expertos coinciden en señalar que el mundo de la educación es uno de los lugares donde la red de gulenistas tiene especial implantación. Fetula Gulen es el clérigo musulmán, residente en Estados Unidos, acusado de estar detrás del golpe.

Pero es que la «limpieza del virus golpista», en palabras del presidente Erdogan, se extiende a otros departamentos más cercanos al Ejecutivo, como la propia oficina del primer ministro, Binali Yildirim. Según su propio equipo, 257 personas han sido relevadas de sus funciones por relación con el levantamiento.

Asimismo, en la Agencia de Asuntos Religiosos (Diyanet), otra de las instituciones más vinculadas al gobernante AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), también hay expulsiones. Hasta 492 miembros de la Presidencia de esta organización han sido suspendidos de sueldo y trabajo. Durante la violenta noche del 15 de julio, la Agencia de Asuntos Religiosos jugó un papel clave al pedir a los imanes y almuecines que exhortaran a la gente, a través de los altavoces de los minaretes, a que saliera a la calle «a defender la democracia».

También se supo que el servicio de inteligencia (MIT) avisó al Estado Mayor de que un grupo de militares iba a dar un golpe de Estado unas seis horas antes de que se produjera. Precisamente, al MIT también llega la purga, pues 100 de sus trabajadores han sido depuestos de sus funciones.

El número de detenciones, asimismo, continúa aumentando. Ya son alrededor de 9.000, entre militares, jueces, fiscales, policías y civiles. Nadie en el país cree que la cifra se quedará ahí ya que las autoridades han abierto cientos de investigaciones. La Fiscalía de Ankara puso su objetivo sobre 370 trabajadores de la televisión pública TRT.

«La cantidad de arrestos y suspensiones desde el viernes es alarmante y estamos monitorizando de cerca la situación», aseguró John Dalhuisen, el director de Amnistía Internacional para Europa y Asia central. «El fallido golpe produjo una violencia horrible y los responsable tienen que ser juzgados, pero usar mano dura contra los disidentes y amenazar con restaurar la pena de muerte no es justicia», añadió.

Los medios de comunicación son otro de los focos en los que ayer se centró la purga. El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTUK) canceló las licencias de emisión de 24 radios y televisiones supuestamente vinculadas a Gülen.

«No hay duda de que hay una gran cantidad gulenistas infiltrados en las instituciones, como dice el Gobierno. Pero estoy seguro de que muchas personas inocentes también están siendo encarcelados», explica a ABC un investigador turco que prefiere no dar su nombre. «Es muy difícil destapar a un gulenista porque se consiguen ocultar perfectamente. De hecho estoy seguro de que quedan muchos acérrimos defensores del AKP que en realidad son gulenistas».