Un manifestante a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE, ante el Parlamento británico - Afp/ Vídeo: ATLAS

El Parlamento británico comienza a desmontar la legislación europea con la aprobación de la ley de retirada

La Cámara de los Comunes ha dado el visto bueno por 326 votos a favor y 290 en contra al proyecto para dar preeminencia a las leyes británicas

Corresponsal en BruselasActualizado:

Después de la puesta en marcha del artículo 50, la votación de este lunes en la Camara de los Comnunes es el paso más simbólico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El proyecto de ley tiene como objetivo poner fin legalmente a la preeminencia de la legislación de la UE sobre la británica una vez que el Reino Unido se retire del bloque europeo en 2019.

En cierto modo, es el instrumento que se dan los británicos para que si no se llega a un acuerdo antes de marzo de 2019, la salida automática del bloque tendría un apoyo legal para evitar que el país se suma en el caos.

Dado que la mayor parte de la legislación británica elaborada durante los últimos 40 años tiene su origen en decisiones europeas, se hace necesario dotarla de una base de legitimidad propia para que tenga valor una vez que el Reino Unido vuelva a ser un país tercero.

El denominado Proyecto (de Retirada de la) UE, conocido hasta ahora como la Ley de la Gran Derogación y que ha recibido el visto bueno por 326 votos a favor y 290 en contra, tendrá como objetivo anular el Acta de Comunidades Europea de 1972, que en su día autorizó el ingreso del Reino Unido en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y convertirá en británicas las actuales leyes de origen comunitario para evitar un vacío legal. Mientras el Reino Unido sea miembro de la Unión, toda la legislación europea se aplica en Gran Bretaña.

Pero en el mismo momento que deje de serlo, también dejará de aplicarse, por lo que sin esta ley no hay legalidad posible.El debate ha sido un perfecto reflejo de la terrible situación política que vive el país a la hora de implementar una decisón tomada en referéndum sin mucho sentido común.

De hecho, lo más patético ha sido ver al ministro del Brexit, David Davis, el principal negociador con la UE, intentando en este caso mediar con la oposición de su propio país, que durante todo este trámite ha mantenido sus reticencias con el fin de debilitar todo lo que puedan a la primera ministra conservadora, Theresa May. La «premier» tuvo que emplearse a fondo y poner en juego su exigua mayoría que tiene gracias a los diez diputados del Partido Democrático Unionista norirlandés (DUP). Y lo peor de todo es que para ello, Davis ha tenido que explicar que lo hace «para evitar el caos en caso de que no haya acuerdo», lo que sirve para deducir que esta es una idea -la del Brexit sin acuerdo- que baraja como una posibilidad.

Primera votación

La de este lunes era solamente la primera votación, que será seguida por un arduo y complicadísimo trabajo en comisión, y posteriormente ratificado en la Cámara de los Lores. En todos estos escalones se prevé un grado de discusión de los que pueden acabar con cualquier primer ministro y más con una como la actual, que vive rodeada de enemigos.

En realidad, la mayor parte de los aspectos legales de la salida del Reino Unido se pueden pactar a lo largo de lo que queda de negociaciones, de modo que se podría preparar un aterrizaje más o menos suave y convenido por ambas partes y este mecanismo legal sería un trámite simbólico.

Pero como las negociaciones van de mal a peor, los laboristas sospechan que lo que el Gobierno quiere es aprovecharse para invocar una argucia legislativa antiquísima conocida como «los poderes de Enrique VIII», y que se sirve de la posibilidad de intervenir directamente normas secundarias, para cambiar las fundamentales sin el control parlamentario.

El problema es que la legislación europea se aplica en un volumen de no menos de 12.000 leyes y reglamentos, con sus enmiendas y referencias ertrecruzadas, lo que significa un trabajo colosal, solo para ordenarlo. El ministro del Brexit afirmó que esta ley va a «facilitar certeza y estabilidad en nuestra retirada y esto es una prioridad. Las empresas y los individuos necesitan garantías de que no habrá cambios inesperados en nuestras leyes después del día de la retirada», y sin esta ley «nos acercaríamos a un precipicio de incertidumbre que no interesa a nadie».

Davis ha insistido en ese horizonte de desbarajuste, diciendo que en el referéndum los ciudadanos «no votaron por el caos», pero se le podría responder que sí, que aquel 23 de junio de 2016 los que dijeron que querían romper con la UE votaron a favor del caos. Lo que pasa es que es probable que no se lo imaginaban cuando gritaban alegres porque creían haber recuperado su soberanía. Pero sí, por lo que se ha visto hasta ahora, el Brexit está siendo claramente un caos.