Fotografía cedida por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien habla durante un acto de gobierno
Fotografía cedida por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien habla durante un acto de gobierno - EFE

Maduro tiene que pagar 700 millones de dólares este mes para evitar la quiebra

Si el país logra ahora evitar el «default», el año que viene tiene que pagar 8.200 millones

Actualizado:

Venezuela fue etiquetado este martes como país en quiebra parcial («incumplimiento de pago selectivo o restringido») por dos de las principales calificadoras mundiales de crédito –Fitch y Standard & Poor's– por no haber satisfecho cerca de 300 millones de dólares correspondientes a bonos soberanos y de PDVSA, la petrolera estatal, cuyo pago tenía que haberse hecho el lunes, agotado ya un plazo de 30 días de gracia.

A lo largo del día el riesgo país venezolano se disparó, y la Bolsa de Luxemburgo suspendió la negociación del tipo de bonos afectados (los bonos soberanos de 2019 y 2014 y los de PDVSA de 2027). La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) aceptó la petición de diversos acreedores para pronunciarse si Venezuela está en quiebra o no. Por su parte, Brasil anunció que llevará a su vecino ante el Club de París para que cancele una deuda de 262 millones de dólares que no ha logrado satisfacer ante instancias regionales.

Hasta ahora, y a pesar de la crisis económica que atraviesa, Venezuela había pagado puntualmente sus obligaciones de títulos de deuda externa. Esta es la primera vez que ha retrasado los pagos, y por delante tiene un difícil camino: en 2018 debe satisfacer 8.200 millones de dólares en concepto de intereses y vencimientos.

En medio de estas serias dificultades financieras, el Gobierno de Nicolás Maduro parece confiar en que la caída del valor crediticio venezolano lleve a que parte de los tenedores estadounidense (alrededor del 60% de los títulos públicos) se desprendan de sus valores y estos puedan ser adquiridos por dirigentes chavistas o comprados desde Rusia y China, países próximos al Gobierno venezolano. Se calcula que alrededor del 13% de los bonos están en manos de venezolanos y se supone que la mayoría son chavistas, enriquecidos con la corrupción y el narcotráfico.

Restructuración de la deuda

Si el chavismo pudiera negociar con la mitad de los tenedores podría proceder a una restructuración de la deuda, que asciende a unos 58.000 millones de dólares por lo que afecta a los bonos. La deuda externa total es de 165.000 millones contando además préstamos y otras obligaciones.

Ese puede ser el plan del Gobierno, que la semana pasada habría diseñado ya una operación de compra de bonos por parte de inversores afines, algo que de momento no habría sido posible llevar a cabo dado que los acreedores estadounidenses siguen sin desprenderse de sus valores, a pesar incluso de las limitaciones que ha impuesto la Administración Trump para negociar con títulos públicos del país caribeño.

La extraña reunión del lunes, en la que el vicepresidente Tareck el Aissami solo dedicó veinte minutos a un centenar de tenedores de deuda que viajaron hasta Caracas, sin anunciarles ningún plan para resolver la situación (solo recibieron una bolsa con café y chocolate), puede formar parte de ese plan, según aseguran fuentes que han participado en consultorías sobre los bonos venezolanos.

Se trataría de llevar hasta el límite la incertidumbre sobre la capacidad de Venezuela para afrontar sus deudas y así provocar una amplia venta de títulos, que podrían ser adquiridos por inversores amigos.

El Gobierno asegura que ha hecho los pagos correspondientes, pero estos habrían sido retenidos por los bancos con el fin de determinar que el dinero no procede de actividades ilícitas. Dada la investigación que existe en EE.UU. sobre las actividades ilícitas que apuntan a un narcoestado y sobre el posible uso de PDVSA para el lavado de dinero.

Emisión de bonos

Caracas no puede repetir la operación que ya realizó en la última emisión de bonos de PDVSA, los de 2020, que utilizó para un canje con obligaciones antiguas y que fue aceptado por un 40% de tenedores. Ante el grave deterioro de las finanzas del país, el Gobierno difícilmente puede proceder a una nueva emisión que le permitiera negociar otra vez con una minoría de acreedores, por lo que la única salida que se contempla es una reestructuración completa, que en ese caso debiera pactarse con la mayoría.

En la reunión del lunes, El Aissami anunció que Deutsche Bank se ha dado de baja en la representación de operaciones financieras venezolanas, tal como hizo recientemente Citibank. Eso apenas deja espacio a Venezuela para que proceda a una nueva emisión; podría hacerla con los auspicios de una entidad como el Fondo Monetario Internacional, pero le obligaría a aceptar un paquete de medidas económicas que el chavismo no está dispuesto a asumir.

En el caso de que Rusia o China pudieran hacerse con nuevos títulos de deuda, el Gobierno podría negociar con ellos una refinanciación a costa de más derechos sobre campos petrolíferos. En la actualidad, Venezuela mantienen una deuda de 60.000 millones de dólares con China y de 9.000 millones con Rusia, que debiera cancelar con la entrega de petróleo a futuro. Moscú ha anunciado que está a punto de cerrar una renegociación de la deuda, por valor de 3.000 millones de dólares.

En su comunicado, la agencia calificadora Standard & Poor's indicó que su declaración de «incumplimiento selectivo» afecta a las operaciones en dólares, pero aseguró que la calificación soberana de Venezuela en moneda local permanece en vigilancia crediticia con implicancias negativas, debido a que existe un 50% de probabilidades de que el país caiga en moratoria nuevamente en los próximos tres meses.