La fiscal general de Venezuela atribuye 19 muertes en las protestas opositoras a los cuerpos de seguridad

En entrevista con la emisora Unión Radio, Ortega ha dicho que de los 63 fallecidos son atribuidos «ciertamente, a cuerpos de seguridad, 19», y destacó que la Fiscalía ha solicitado aprehender a 19 uniformados y que esto no se ha materializado porque los señalados no han sido puestos a la orden del Ministerio Público (MP).

Asimismo, destacó que al menos 422 personas han sido privadas de libertad por los hechos violentos que han derivado de la ola de manifestaciones que inició el pasado 1 de abril y, remarcó, que de ese total hay 28 personas privadas de libertad por violar derechos fundamentales. La fiscal precisó que el MP ha abierto 3.390 investigaciones por hechos violentos ocurridos en medio de la crispación social y política que ha dejado además, según dijo, 1.189 heridos y 35 órdenes de detención pendientes por ejecutar.

Reiteró que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que actúa en la contención de las protestas opositoras, «no puede ejecutar funciones militares» en estos escenarios, por lo que le pidió hacer un uso moderado de la fuerza y no disparar lacrimógenas directamente contra manifestantes.

Por otra parte, la fiscal dijo tener conocimiento de una posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo) para quitarle la titularidad de la acción penal a la Fiscalía. «Esa es una aventura que tiene un alto costo político, sería otro retroceso en materia de derechos humanos (...) El proceso penal acusatorio constituye una garantía muy importante en el país (...) no existe una forma constitucionalmente válida de retroceder a un proceso penal distinto», acotó.

La fiscal afirmó también que la sociedad «aspira» a que el máximo tribunal « garantice la vigencia de la Constitución » y que «no se preste para los fraudes a la Constitución».

Ortega criticó ayer la decisión del TSJ que avala la celebración de elección de una Asamblea Nacional Constituyente sin hacer una consulta previa a los ciudadanos , y acotó que con eso se pretende vulnerar la progresividad de los derechos humanos con la participación popular «reducida a su mínima expresión».