África

El drama de Noura Hussein es la realidad de muchas mujeres en África

La falta de criminalización de la violencia conyugal hace que las víctimas estén desamparadas

Corresponsal en JohannesburgoActualizado:

El caso de Noura Hussein, la joven condenada a muerte por matar a su esposo después de que éste la violara, ha vuelto a poner de manifiesto las terribles condiciones en las que se encuentran mujeres y niñas africanas atrapadas en matrimonios forzados, privadas de todo poder de decisión y sufriendo la violencia de sus parejas. Además, ha abierto un amplio debate sobre el matrimonio infantil, el consentimiento y la pena de muerte –abolida en 106 países actualmente-.

La joven, de 19 años, contrajo matrimonio contra su voluntad con Abdulrahman Mohamed Hammad hace tres años y, posteriormente, huyó a casa de una tía. Sin embargo, su familia la engañó para que regresara a casa. Cuando esto sucedió Noura fue entregada a su esposo. Ante la negativa de Hussein a consumar el matrimonio, Abdulrahman la violó con la ayuda de sus hermanos y primos. A la mañana siguiente, intentó abusar de ella de nuevo y fue entonces cuando se produjo un forcejeo entre la pareja, a raíz del cual el esposo sufrió heridas con un cuchillo, que a la postre resultaron mortales. Los padres de la joven sudanesa la entregaron a la policía y Noura Hussein lleva en prisión desde mayo de 2017. En el juicio, celebrado en julio, el juez del Tribunal Penal Central de Omdurman aplicó una ley desfasada (Ley Penal de 1991), que no reconocía la violación conyugal y el 29 de abril se la condenó a pena de muerte a petición de la familia del fallecido, que rechazó una compensación económica. Ahora sus abogados tienen 15 días para apelar.

Dicha sentencia despertó y movilizó a la comunidad internacional, que asiste atónita a como una víctima es vapuleada por la justicia, que la condena por homicidio intencional a pesar de actuar en legítima defensa propia. Poco le importó al juez que en el informe del examen médico practicado tras la pelea se indicara que la joven había sufrido heridas, que incluían mordiscos y arañazos. La periodista sudafricana Kim Harrisberg denuncia que la violencia sexual se ha convertido en la norma y que se trata de una especie de guerra contra los cuerpos y espíritus de las mujeres. «Es una tragedia que el único medio de defensa de Noura fuera el asesinato, y que haya sido condenada por ello a pesar de luchar por su propia dignidad y por su propia vida. Su experiencia es un gran ejemplo de lo que las mujeres de todo el mundo soportan bajo las normas patriarcales que atacan los cuerpos y espíritus de las mujeres», dice a ABC.

Según la periodista, la historia de Noura evidencia que la justicia falla: «Es una herramienta hecha por el hombre, que se puede utilizar para perseguir ciertos fines, en este caso la misoginia y la violencia sexual». Para Harrisberg, la falta de criminalización de la violencia conyugal en algunos países se debe, en parte, a una interpretación violenta de la religión y unas leyes a merced de agendas patriarcales. «Por desgracia, la liberación femenina es algo que asusta a algunos hombres e incluso a países enteros, y el lavado de cerebro de hombres y mujeres con duros estereotipos de género no es algo fácil de romper. Esto hace que la respuesta de Noura sea aún más heroica», dice la periodista a este periódico.

La crueldad y desamparo de la víctima, repudiada por su propia familia y abandonada por su primer abogado, encendió las redes sociales –con hashtags como #JusticeforNoura y #SaveNoura-. Para Harrisberg, el papel de la comunidad internacional es fundamental: «Desafortunadamente, esto significa tratar de avergonzar a un país que no protege a todos los miembros de la sociedad, a través de sanciones, redes sociales y liderazgo político condenando actos tan repugnantes». La sudafricana admite que la imposición de «normas» internacionales en cualquier país es algo que debe ser tratado con sensibilidad, especialmente en las antiguas colonias que protagonizaron recientemente historias violentas contra el régimen anterior. Sin embargo, aboga por que ciertos problemas, como la violencia sexual, se combatan mediante normas universales: «Un documento como la Declaración Universal de Derechos Humanos se debe usar para proteger a todos los miembros de la sociedad. Cuando la sociedad civil, los políticos, la comunidad internacional, los líderes religiosos, las escuelas, los padres, los activistas y los ciudadanos comunes trabajen para implementarlos y luchar por estos derechos, el cambio puede comenzar a suceder».

Cerca de 200.000 personas han firmado una petición de change.org para que sea absuelta. Aparte del proceso de apelación, existe otra vía: el presidente de Sudán, Omar al Bashir, tiene el poder para dictar una orden para que sea indultada.

El drama de Noura Hussein, que soñaba con ser maestra, es el que padecen miles de niñas en este país africano donde la edad legal para contraer matrimonio es de 10 años, las violaciones conyugales están a la orden del día y los violadores parecen tener más derechos que sus víctimas.

Lapidación por adulterio

Una campaña internacional salvó a una conciudadana de Hussein en 2014. Su nombre es Marian Yahia Ibrahim y su delito fue negarse a retractarse de su fe cristiana. Fue sentenciada a muerte por apostasía estando embarazada de ocho meses y condenada a 100 latigazos por adulterio porque el matrimonio de una musulmana con un cristiano es ilegal en Sudán (a pesar de que ella manifestó que nunca ha sido musulmana). Dio a luz en prisión, encadenada. Gracias a la presión de la comunidad internacional y a una campaña en las redes sociales logró salvarse en incluso fue recibida, junto a su familia, por el Papa Francisco poco después de su absolución.

En 2012, otra joven madre fue condenada a muerte por lapidación por adulterio. Acusada por su familia, sin representación legal ni intérprete en los tribunales, Intisar Sharif Abdallah estuvo en prisión hasta que un grupo de abogados defensores de los derechos humanos se hicieron cargo del caso e interpusieron un recurso de apelación ante el tribunal. Su condena se había basado en el artículo 146 del Código Penal de Sudán, de 1991, que señala que quien cometa la ofensa de zina (relaciones sexuales ilegales) será ejecutado por lapidación si el infractor está casado o con 100 latigazos si no lo está. Abdallah fue puesta en libertad después que el juez desestimara los cargos en su contra por falta de pruebas.

Casos como estos no son una excepción, las nigerianas Safiya Hussaini y Amina Lawal también fueron condenadas a pena de muerte por adulterio. Si bien es cierto que en muchos de estos casos el tribunal ha terminado anulando las condenas tras presentarse recurso de apelación.

Visibilidad en los medios y redes sociales

Casos como los anteriormente citados evidencian la importancia de que estas historias salgan a la luz y tengan repercusión en los medios. El silencio permite que ocurran las injusticias; por ello la visibilidad en la prensa y redes sociales puede marcar la diferencia, despertando a una comunidad internacional a menudo aletargada. «En ocasiones se piensa que como hemos progresado en algunas áreas en materia de igualdad de género, no tenemos que luchar tan duro por la igualdad mundial. Sin embargo, los medios tienen la responsabilidad de centrar la atención en las acciones que menoscaban la justicia social, para crear conciencia sobre qué batallas aún se deben librar», destaca la periodista al diario ABC.