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El decreto de emergencia económica abre las puertas a más medidas socialistas en Venezuela

El ministro de Economía, Luis Salas, ha dicho que el decreto es una respuesta a la supuesta «guerra económica» provocada por el imperialismo

Cola en un supermercado de Venezuela el día del anuncio del decreto del estado de emergencia REUTERS

LUDMILA VINOGRADOFF

El decreto de « emergencia económica » que ha lanzado este viernes el Gobierno de Nicolás Maduro a través de su ministro de Economía, Luis Salas tiene más componentes políticos-ideológicos que económicos y abre las puertas para lanzar medidas socialistas.

El Gobierno tiene 60 días prorrogables para instrumentar el decreto y el parlamento tiene 10 para pronunciarse al respecto. El sociólogo y ministro de Economía, Luis Salas, ha dicho que el decreto es una respuesta a la supuesta «guerra económica» provocada por el imperialismo que ha producido la actual crisis.

Según el ministro, el Decreto de Emergencia Económica tiene como finalidad proteger los derechos sociales de educación, salud, vivienda y deporte de todos los venezolanos pero no aclaró que tipo de medidas van a aplicar para erradicar la crisis.

Vista la incertidumbre, el economista oficialista Tony Boza tradujo el plan del ministro Salas. «La aplicación correcta del decreto permitirá erradicar las colas en su mínima expresión» en dos semanas.

El ministro de Economía, Luis Salas, en el anuncio del decreto REUTERS

Boza aseguró que la supuesta «guerra económica» está originada por «una lucha de clases sociales» que está relacionada con factores de « poder internos y externos », que se encuentran «agrediendo la economía para operar como influencia política en otras áreas económicas».

Asimismo, dijo que las posibles medidas o alternativas económicas para mejorar la situación económica de la nación serían las siguientes:

«Instalar empresas privadas y trabajar de la mano con los grandes distribuidores del país . Mejorar relaciones con la banca privada. Mejorar relaciones con la cadena privada de supermercados del país, para facilitar los procesos que están relacionados con el sector alimentario y Supervisar constantemente los límites fronterizos para evitar procesos ilegales en la misma».

Hace 6 meses la Superintendencia Nacional Agroalimentaria ordenó a empresas afiliadas a la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos enviar entre 30% y 100% de su producción a Pdval, Mercal, abastos Bicentenario y otros establecimientos de la red pública, afirmó Pablo Baraybar, presidente de Cavidea.

Esta medida continúa vigente. Aseguró que a las empresas se les ha estado notificando de manera individual que deberán enviar mayor porcentaje de leche, azúcar, harina de trigo, harina de maíz precocida, pasta, arroz y aceite a los comercios públicos.

Baraybar recordó que la distribución de los alimentos es supervisada por el gobierno e insistió en que el sector privado no ha dejado de atender a los comercios oficiales. “80% de los alimentos que se consiguen en la red pública son producidos por privados”, dijo.

Por su lado el economista y director de la firma Econanalítica, Asdrúbal Oliveros, afirmó que el Decreto de Emergencia Económica le da al gobierno poderes ilimitados para intervenir empresas , y blindarse contra la mayoría opositora en la Asamblea Nacional.

«Estamos hablando de que el Estado puede hacer lo que le dé la gana. Importaciones, en materia tributaria, manejo del efectivo, intervención de empresas y mecanismos de distribución, al final lo que creó es un decreto que esconde la intención del Ejecutivo de blindarse al control que pueda ejercer el parlamento», explicó.

Aseguró que el decreto no ataca la raíz de los problemas, sino que se basa en conspiraciones y la llamada «guerra económica».

Sobre la posible actuación de la Asamblea Nacional, pronosticó que desde el punto de vista político el parlamento podrá rechazar este decreto o intentar modificarlo, por lo cual la respuesta del gobierno podría ser decir que la mayoría opositora no quiere corregir la crisis.

«Pareciera que buscan la confrontación total, y además desviar la atención de la crisis», aseguró Oliveros.

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